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ROBERTO CIENFUEGOS J. En medio del debate, afortunadamente intenso, sobre las consecuencias prácticas e inmediatas del denominado Plan “B” de la reforma electoral, cuya suerte será sellada en un plazo que se prevé perentorio por las y los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última palabra constitucional, es probable que aun quede un resquicio –siempre saludable- para abonar en lo posible a la comprensión del asunto de manera que tengamos una mejor aproximación a lo que está en juego en México, cuando el país se acerca a procesos comiciales en dos entidades y más tarde a las votaciones para elegir a la o el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asumo que en general ya conocemos los principales puntos de la reforma propuesta por el Jefe del Ejecutivo Federal en el ámbito electoral, pero por si no fuera así, enlisto algunos puntos clave:
La reforma obliga al Instituto Nacional Electoral (INE) a suprimir unas 300 juntas distritales, que tienen y han cumplido la tarea de realizar en el terreno la preparación, organización y celebración de elecciones. La reforma establece el reemplazo de estas personas por una sola. También se prevé la reducción de la estructura de las 32 juntas locales que hay en México, con un recorte de 262 plazas.
Se trata de instancias encargadas de garantizar los derechos a la identidad, a la asociación política, a la igualdad y no discriminación, a la secrecía del voto, a elegir libremente a sus representantes y gobernantes, a la información y la transparencia en las elecciones, a la participación en condiciones de equidad y de ser electo, y a la justicia en materia electoral. Todo esto, según las previsiones de la reforma en curso, se perdería.
Otras afectaciones a la estructura electoral del país incluyen una disminución de recursos para capacitar a los funcionarios de casillas, así como la operación de 143 Centros de Verificación y Monitoreo, responsables de controlar los tiempos de la pauta electoral en radio y televisión.
Más todavía, la disminución de las juntas también implicaría un recorte del 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional, cargos que se eligen con base en concurso. En consecuencia, se eliminarían más de 1.500 puestos, que de concretarse repercutirían en las liquidaciones económicas previstas por la ley.
Además, las modificaciones a las leyes obligarían a una retabulación para que ninguno de los consejeros del INE ganara más que el presidente de la República. La reforma también prevé que el INE elimine los fideicomisos que le permitían retener recursos públicos previstos para sus trabajadores.
Las leyes aprobadas también establecen que los partidos guarden los remanentes de recursos, ya sean públicos o privados, que no utilicen en un año para el periodo siguiente, un cambio clave respecto de la obligación ya inexistente de devolverlos a la Tesorería.
El “plan B” también fija una reducción del concepto desarrollado en la ley en lo que corresponde a la propaganda gubernamental. Así que todo aquel recurso no etiquetado como propaganda en los presupuestos no sería considerado de esta forma aun cuando se utilicen fondos públicos.
Otra parte de esta reforma o plan “B” reduce además la capacidad del árbitro electoral de sancionar a los funcionarios que públicamente se expresen a favor de un candidato.
Bueno, hasta aquí algunos puntos clave del denominado Plan “B”. Hay otros, claro, entre ellos por ejemplo la oportunidad o “timing” de esta reforma, que como sabemos se echó a andar a poca distancia de las próximas elecciones, tras el fracaso de una reforma de calado constitucional. De hecho, la reforma o Plan “B” fue publicada ya este jueves en el Diario Oficial de la Federación. El titular del INE, Lorenzo Córdova, ratificó que la nueva legislación sería acatada.
En tanto, el máximo tribunal constitucional del país se apresta a decidir la suerte final del llamado plan “B”, que desde ya enfrentará una lluvia de impugnaciones para impedir su concreción.
Al margen de lo que siga, en particular en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como ya sabemos dictará la última palabra, importa hacer notar la relevancia para todo el país y aún para todas las fracciones partidistas, de preservar el árbitro imparcial, objetivo, eficaz y garantista que constituye el INE desde su creación hace tres décadas. El INE, un baluarte de la democracia mexicana, debe trascender con el objetivo si se quiere único, pero crucial, de organizar, llevar a cabo y contabilizar con total certeza el sentido de los votos ciudadanos.
Eliminar, vulnerar o convertir al INE en un florero, sería equiparable por ejemplo y llevado al terreno del futbol a decidir un duelo por el campeonato mundial al margen y sin la presencia de un árbitro confiable, objetivo y profesional. Imagine usted, afable lector (a), eso abriría la puerta a la violencia entre los seguidores de uno u otro equipo. La pasión por el futbol bien puede equipararse a la que entraña en un momento determinado la confrontación por el poder político.
En consecuencia, imagine también usted lo que implicaría permitir que las inminentes contiendas comiciales y en particular la presidencial, se lleven a cabo sin un árbitro como el forjado en México con el INE por las últimas décadas, que permitió la alternancia partidista en el poder sin mayores sobresaltos ni conflictos postelectorales.
¿Qué sería más caro para México? Un INE incluso caro, ¿o el eventual y peligroso desborde violento de un México cismático, ya de suyo bastante polarizado? Sólo por este peligro real, habría que mantener la prudencia e impedir que los duelos electorales que se avecinan se conviertan en un terreno fértil para el enfrentamiento fratricida en México. ¿Qué es potencialmente más caro, y peor aún, peligroso?
@RoCienfuegos1
