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ROBERTO CIENFUEGOS J. Dos poderes públicos del Estado mexicano libran una guerra como no se había visto en décadas, y uno se pregunta hasta dónde llegará, quién podría resultar vencedor y cuáles serían las consecuencias para México de un hipotético y eventual manotazo que, como indica la experiencia, sólo podría provenir de uno de ellos, con todo el más fuerte y con excesiva frecuencia muy iracundo, y que ha dado muestras sobradas de que “por quítame estas pajas” está resuelto a extinguir, desaparecer y/o destruir cuanto se le cruce en su paso.
El Poder Ejecutivo federal, encarnado en la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el primer día de octubre de 2024, operó hasta el primer trienio de su mandato con el poder legislativo en sus manos, pues su partido o Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado en octubre del 2011, y reconocido como partido político nacional en julio del 2014 por el Instituto Nacional Electoral al otorgarle su registro, tuvo la mayoría calificada en la cámara baja y simple en la Alta del Congreso de la Unión.
Pero la derrota en las elecciones del 21, cuando Morena retrocedió un 20 por ciento y perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, le arrebató la posibilidad de emprender cualquier reforma constitucional para lo que se requiere más de dos tercios. De aquellos polvos vienen los lodos de hoy con los que batalla el presidente López Obrador, que sin tener la mayoría calificada ha emprendido una serie de reformas por la puerta trasera del Congreso, y cuyas negativas más que lo han encabritado. La sucesión de planes “A”, “B” y los reveses propinados al fracasar su intentona de también controlar el máximo tribunal constitucional del país, primero con la extensión del mandato del magistrado-presidente, Arturo Zaldívar y más tarde con la presunta licenciada Yasmín Esquivel Mossa, no han hecho sino recrudecer esa pugna con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde enero pasado al mando contra muchos pronósticos, de la magistrada Norma Lucía Piña Hernández. Los reveses en consecuencia no se han hecho esperar, aun sin que éstos hayan sido perpetrados sin otro propósito que preservar la Constitución del país. Pero no es la interpretación que hace el presidente, que ha emprendido una guerra sin cuartel contra la cabeza del poder judicial del estado mexicano por considerar que sus resoluciones recientes constituyen la expresión del conservadurismo y, peor aún, de un poder corrupto que se opone a la Cuarta Transformación y en consecuencia, al pueblo, que él dice representar.
Hace apenas unas horas, la magistrada-presidenta de la SCJN pronunció un discurso durante una reunión para recordar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Fue categórico, sin estridencias y diseñado para quien quiera escucharlo.
“Sin información, no hay libertad. Sin libertad, no hay país”, soltó la magistrada. Destacó además que el quehacer de los periodistas o comunicadores “es toral, para dar a conocer cuáles son nuestros derechos y cómo podemos demandar su cumplimiento, qué responsabilidades tenemos, cuáles son los espacios de actuación de los poderes y de las instituciones que conforman el Estado mexicano”.
También dijo: “Cuenten con la Corte para tener la mayor información posible para el ejercicio de su profesión. De nosotros obtendrán información veraz, oportuna y contextualizada, en equipo ustedes y nosotros habremos de generar conocimiento útil, para apropiarnos de las instituciones que nos pertenecen por igual a todas y a todos”.
La acompañaron todas y todos los magistrados con excepción de Arturo Zaldívar, el magistrado que quiso, pero no pudo extender dos años su mandato, con el apoyo del presidente López Obrador.
¿Quién daría el manotazo en la mesa? ¿Puede descartarse? Debería, pero…
@RoCienfuegos1
