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ROBERTO CIENFUEGOS J. Los millones de usuarios habituales del Metro de la Ciudad de México parecen resignarse o soportar todo tipo de vejámenes en el famoso tren subterráneo. El recorrido en este transporte, donde cada 24 horas se movilizan alrededor de cinco millones de residentes y/o visitantes de la capital, es hoy día casi una odisea, sin exagerar. El usuario cotidiano, a cambio de cinco pesos, entra en un túnel o en superficies para vivir una experiencia sui géneris, que puede incluso equiparar y en ocasiones superar, situaciones inimaginables. Sabe que al abordar estos trenes en cualquier punto de las 12 líneas del sistema, puede incluso perder la vida, así, dicho también esto sin exagerar. Si lo duda, allí está la experiencia relativamente reciente de la Línea 12 del metro, fanfarronamente llamada Línea Dorada, que se vino abajo en mayo del 2021 con un saldo de 26 personas muertas y casi un centenar de heridas.
A la tragedia se le echó encima un espeso manto de impunidad, así las autoridades encargadas de procurar justicia, hayan preferido “resolver” y siguen tratando de hacerlo con base en una cosa llamada justicia restaurativa, que redujeron a la entrega de dinero a las víctimas y/o deudos que lo aceptaron, pero donde se mantiene en buena medida la impunidad de uno o varios delincuentes, lo que viola uno de los principios esenciales de este recurso denominado justicia restaurativa o comunitaria, conforme la Organización de las Naciones Unidas. Sí, así, como está dicho, para garantizar un sano ejercicio o ejecución de esto que se llama justicia restaurativa, un recurso del que echaron mano las autoridades capitalinas para no tener que desenmascarar a los auténticos responsables del colapso de la línea 12, que no es otra cosa que la obligación de revelar identidad absoluta del o los delincuentes involucrados, capaces de aceptar la responsabilidad de su comportamiento delictivo. Antes que eso, se optó por la política del “billetazo”, sin que a la fecha haya responsables directos de esa tragedia y mucho menos quien asuma su responsabilidad en el caso. Pero bueno, esto será tema de otro texto.
Lo que ahora viene a cuento es más rústico y simple, pero tampoco en esto han hecho o parecen dispuestas a hacer algo las autoridades del Metro y de la Ciudad de México. Aludo a lo que ellas mismas saben pero desdeñan que se registra en los vagones del cabús del metro, sobradamente conocido por la afluencia y presencia de personas homosexuales, a quienes por supuesto debe respetarse y se les respeta en sus preferencias sexuales. Sin embargo, muchas de estas personas tan exigentes y sensibles al respeto que demandan para su orientación y/o diversidad sexual, incurren con frecuencia, en el metro y en otros medios de transporte de la capital, en prácticas exactamente contrarias a sus demandas y exigencias. Es decir, incurren en faltas absolutas de respeto no sólo así mismas -algo a lo que todos deberíamos estar obligados- sino a terceros.
La noche del miércoles pasado, por ejemplo, fui testigo, muy lamentablemente, de varios jóvenes homosexuales que protagonizaban en el último tren del metro que avanzaba con dirección a Universidad un toqueteo íntimo entre parejas, algo de lo que nadie debería espantarse siempre y cuando se realice en los sitios exprofesamente diseñados para ello. Resulta impropio, por decir lo menos, atestiguar escenas íntimas en un transporte público, en donde viajan mujeres, niños y adolescentes. Además -insisto- de incurrir en una falta al menos de naturaleza administrativa, que debiera reclamar la autoridad, la situación favorece un eventual episodio de violencia.
Algo deberían hacer las autoridades contra estas prácticas. Entre las alternativas para impedir estas prácticas, la autoridad capitalina podría al menos comisionar en estos vagones del cabús del metro, donde se conoce sobradamente que ocurren el tipo de situaciones que refiero, a un agente policial, el cual podría disuadir que se utilicen estos espacios públicos como espacios para prácticas indebidas y contrarias a la integridad de muchos pasajeros. Otra alternativa sería designar vagones expresamente para los homosexuales que disfruten estas prácticas, tal y como se hace con los destinados a mujeres y/o personas de la llanada tercera edad. Después de todo es un deber de un buen gobierno, impedir que se violente la convivencia social y se transgredan normas, si se quiere convencionales, de simple convivencia cotidiana. No es mucho pedir, supongo. ¿O también nos vale a todas, a todos, y especialmente a todes, según dicen por allí?
@RoCienfuegos1
