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ROBERTO CIENFUEGOS J. Es prácticamente un hecho que pronto, muy pronto y antes de lo que imaginamos, los militares en México, si no todos, una buena parte de ellos, la mayor fuerza armada del país, estarán en funciones policiales en las calles de la geografía mexicana con base en una reciente reforma constitucional en la que el poder civil constituido tiró la toalla ante la fuerza castrense nacional.
Es cierto, desde que fue aprobada en 2019 la creación de la Guardia Nacional -allá en la historia quedó la promesa, el compromiso u lo que sea que fue, de que sería un cuerpo de naturaleza civil, la delincuencia, y aun el auge del crimen organizado, pues siguen al alza. Mire a ver por ejemplo lo ocurrido apenas el sábado por la noche en un bar de Irapuato, donde fueron masacradas 12 personas, y otras tres resultaron heridas de gravedad.
Un día antes, recién el viernes último, hace tres días, y conforme a cifras preliminares del conteo cotidiano del gabinete de seguridad federal, hubo en un solo día 93 asesinatos en la dolorida geografía mexicana. Se trata de la cifra más elevada de octubre conforme este registro.
Según informes periodísticos difundidos, las víctimas de homicidio doloso se registraron en los estados de Jalisco, 14; Nuevo León, 12; Estado de México, 8; Michoacán, 8; Guanajuato, 7; Chihuahua, 7; Colima, 5.
Agregue a esto que en los primeros 14 días del décimo mes de este año, sumaron mil 065 muertes intencionales, lo que arroja un promedio diario de 76, conforme las estadísticas en números absolutos. Obvio, atrás de esas cifras, hay personas, las que murieron y sus deudos.
En las dos primeras semanas de octubre, Guerrero tuvo 22 víctimas de homicidio doloso en un día, que incluyeron las 20 registradas durante la masacre de San Miguel Totolapan; la cifra más alta en un estado en este año.
Enseguida vienen los estados con más muertes violentas en octubre. Se coloca Guanajuato con 133 víctimas de homicidio doloso; el Estado de México con 102; Jalisco, 89; Baja California, 81, Chihuahua, 72 y Michoacán, 70. Vaya cifras. Son de vértigo, así ya se haya prácticamente normalizado esta criminalidad y sus saldos.
Antes de la reforma para llevar del 2024 al 2028 la presencia de los militares en tareas de seguridad pública, el dilema planteado fue que sin ellos, México sucumbiría prácticamente al crimen organizado y la delincuencia. Ahora, ya con el virtual respaldo de la ley, ¿quién garantizará sin embargo que la nueva labor de los militares será el antídoto contra el crimen que nos está costando no sólo miles de muertes, sino estragos amargos entre millones de mexicanos, indefensos, ultrajados, y en peligro permanente?
De entrada, y aun cuando pese mucho sostener este argumento, hay que apuntar que los militares, antes que resolver el problema de seguridad y satisfacer el reto de abatir a los criminales del país, pronto serán la nueva parte del problema que se pretende superar. Hace más de tres lustros, el estado mexicano renunció a su primera responsabilidad: garantizar la seguridad física y patrimonial de los gobernados. Y las cosas siguen igual con tendencia al agravamiento. Quien esto escribe no duda de la capacidad de los militares de México para sus tareas, pero simple y llanamente éstos encarnan un perfil distinto al que se demanda frente a problema tan sensible y aún mortal como el combate al crimen y la delincuencia organizada. Si usted lo duda, al tiempo. Hay un dicho antiguo que sugiere: zapatero a tus zapatos.
@RoCienfuegos1
