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OBERTO CIENFUEGOS J. Es cierto que en México estamos aún muy lejos de construir un Estado de derecho, pero lo peor es que ahora estamos mucho más lejos que antes del 2018 cuando una avalancha de electores mexicanos dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, quien más de una vez ha elegido y proclamado que por encima de la ley está la justicia, según su muy particular entendimiento. Proclamas como esa, u otras, como “al diablo con las instituciones” y no me digan que “la ley es la ley”, abonan en un sentido erróneo, para decirlo suave, en la construcción del Estado de Derecho que para muchos mexicanos es clave, pero para otros es absolutamente prescindible o secundario, y peor todavía si el poder constituido legalmente -vaya paradoja- alienta en una dirección que es contraria por lo menos a la civilidad que debe perseguir una sociedad moderna, pero sobre todo viable.
Hace años, en una conversación con el fallecido profesor universitario Juan María Alponte, éste me refería que la ausencia del Estado de Derecho en México, era la auténtica raíz del atraso nacional. Aun cuando lo escuché y me pareció correcto el planteamiento, nunca supuse que alguna vez podría constatar la certeza de este hecho que -insisto- se torna mucho más grave cuando proviene de funcionarios o servidores públicos instalados en la cima del poder, el cual alcanzaron a través de la vía legal y de manera absolutamente legítima. Esto es mucho peor porque son precisamente estos servidores públicos los que de manera pública protestaron cumplir y hacer cumplir las leyes del país, un compromiso del que ahora se desdicen por la vía verbal y aún de los hechos.
Así que guste o no, lo que se espera es que estos servidores y/o funcionarios del país cumplan su encargo, con apego absoluto y/o al menos, lo más apegado a la ley. El solo hecho de mandar al carajo la Ley Suprema del país u otras de carácter secundario, constituye un hecho deleznable, pero sobre todo peligroso.
En un país como México que aún brega, prácticamente desde su fundación, por construir un genuino Estado de Derecho, eso de transgredir, violentar o incumplir la ley es todavía más peligroso porque supone un paso atrás en la enorme tarea de constituir un país donde la ley y nada más que la ley resuelva la convivencia ciudadana en cualquiera de sus manifestaciones o expresiones, para estar en condiciones de conducir al progreso nacional, más garantizar una adecuada inserción internacional, para decir lo menos.
Sin ley, o con sus reiteradas transgresiones, México podría entrar más temprano y rápido que tarde y lentamente, en una etapa de barbarie, que si no a la mayoría, si a muchos preocupa por sus consecuencias siempre nefastas y destructoras.
Lamentablemente, un país sin leyes ni estructuras jurídicas adecuadas para garantizar su acatamiento y las consecuencias de no hacerlo, lastimaría mucho más al débil e indefenso, -como ya de hecho ocurre- dando pie a todo tipo de desmanes, abuso e injusticias, junto con un atraso nacional del que sólo se saldría con costos elevadísimos y mucho tiempo.
Claro, la ley para muchos mexicanos es una entelequia o una quimera, pero no por ello, debería dejar de insistirse en su imperio, su valor civilizatorio y aún igualitario. Es precisamente por esto que todos los mexicanos y más aún los responsables de tareas gubernamentales, deberíamos hacer que prevalezca un Estado de Derecho, y aún más, bregar con insistencia absoluta porque impere un cuerpo de leyes de observancia estricta, severa y sin claudicaciones, acompañado además de las sanciones correspondientes para cualquier transgresor, al margen del poder político, económico, cultural y/o social que acumulen. La alternativa es la barbarie y el desastre nacional. ¿Apostamos a eso? ¿Somos omisos? ¿O nos vale un carajo?
@RoCienfuegos1
