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>> La legisladora propuso que tengan acceso a servicios médicos especializados durante la gestación, parto y lactancia
Ciudad de México, 14 de marzo (entresemana.mx). A fin de que mujeres embarazadas privadas de libertad reciban atención médica, en hospitales o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, propuso reformar las leyes Nacional de Ejecución Penal, y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En la iniciativa, que se turnó a las comisiones unidas para la Igualdad de Género, de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, la legisladora del Grupo Plural propuso que este grupo poblacional tenga un acceso adecuado a servicios médicos especializados durante la gestación, en el parto, posparto y lactancia.
Destacó que se tiene que promover la capacitación del personal penitenciario en materia de parto y sobre la importancia de hacerlo de modo eficiente y sensible a la situación particular de las mujeres recluidas, para que puedan atender con urgencia las quejas y preocupaciones relacionadas con el embarazo.
También consideró indispensable que el Centro Penitenciario asegure la presencia de al menos un médico calificado, de un pediatra y de una guardia obstétrica disponible durante las 24 horas y, en caso de no contar con instalaciones o con personal médico, la atención de la mujer o del embrión sea garantizada en instituciones públicas del Sector Salud.
Nancy de la Sierra pidió que el traslado de las mujeres durante el embarazo se lleve a cabo sin esposas o grilletes, con custodia por parte de personal femenino y en un transporte adecuado, a fin de cumplir con las medidas de higiene y mantenimiento necesarias.
La senadora también propuso que se debe definir la violencia obstétrica, como toda acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.
Nancy de la Sierra planteó que se considere violencia obstétrica la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, así como los tratos inhumanos, degradantes, o los abusos que menoscaben la capacidad de las mujeres de decidir libre e informadamente sobre dichos procesos reproductivos.
En el proyecto, la senadora solicitó atribuir a la Secretaría de Salud la acción de proporcionar acciones formativas a todo el personal del sector salud, en materia de derechos humanos de niñas y mujeres, así como políticas de prevención, detección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
