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ARTURO ORTIZ*. No son lo mismo, pero logran intersecciones que atentan contra la seguridad.
Tradicionalmente la drogadicción se aborda desde la perspectiva de la salud, pero su impacto en la seguridad es ineludible. Esto por los riesgos para el fármaco dependiente y de manera simultánea para las personas de su entorno.
Desde hace muchos años se debate entre el vínculo entre drogadicción y crimen. Aunque algunos lo soslayan y minimizan, existe un acuerdo generalizado en que sí existe una convergencia entre ambos.
Por ejemplo, el nexo psicofarmacológico, se refiere a la violencia generada por el efecto psicoactivo de alguna sustancia. Así, el consumo de drogas desencadena actos violentos e incluso delictivos por su efecto directo o por el síndrome de abstinencia. Incluye, además, la alta vulnerabilidad de victimización entre las personas intoxicadas por drogas.
También debe considerarse el nexo económico-compulsivo. Es decir, cuando un delito es cometido para obtener recursos para adquirir drogas, principalmente aquellas con un alto poder adictivo, como la llamada pasta base, heroína o crack.
Por otra parte, existe una interrelación sistémica. Se refiere a la violencia o delitos generados en el contexto del tráfico de drogas y por la dinámica que prevalece dentro de dicho mercado.
Bajo tales consideraciones, no podemos ni debemos criminalizar a los usuarios de drogas, pero tampoco negar que existe una asociación estadística que vincula a ambos fenómenos. Hasta ahora, diversos estudios señalan que la probabilidad de cometer un delito se encuentra entre 2.8 y 3.8 veces mayor entre quienes usan drogas respecto a los no consumidores.
Al mismo tiempo, las cárceles presentan un porcentaje importante de internos detenidos por delitos contra la salud y más del 50% de las personas detenidas, a las que les fueron analizadas muestras de orina o pelo, consumieron algún tipo de droga.
Las estadísticas son reveladoras:
El 28.1 por ciento de los detenidos estuvo vinculado con las drogas al actuar bajo sus efectos, por necesidad de comprar estupefacientes o bien por ser parte del sistema de tráfico y comercialización. El 20.6 reconoció que actuó directamente bajo el influjo del alcohol y de drogas ilegales, mientras que el 10 por ciento aceptó que robó para conseguir dinero para abastecer su adicción.
En general, la probabilidad de que delito y droga estén asociados es alta, consistente y significativa. Alrededor de un 50% de los menores de 25 años acusados de infringir la ley, por ejemplo, presentan una relación problemática con las drogas de acuerdo a estadísticas oficiales de la ONU.
Por otra parte, el tema de las drogas representa una problemática que, más allá del ámbito de la salud, lo debemos considerar en la seguridad para generar más y mejores modelos de prevención. Es momento de actuar sobre esta vertiente: la droga si impacta el índice de criminalización y delincuencia.
Así, en las políticas de seguridad pública, una vertiente sería actuar para disminuir el consumo de sustancias psicotrópicas y abatir el narcomenudeo. Desestimar la drogadicción en las acciones preventivas del delito sólo preservará una importante cimiente de violencia, latrocinios, asaltos y escalada de la crueldad en muchos casos.
*CEO de CIPI Proteccion, empresa líder de capacitación en seguridad integral.
