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CARLOS RAMOS PADILLA
Hay razones suficientes para defender la existencia de los tres Poderes de la Unión. Es, dentro de la República, un equilibrio necesario. Deben estos ser autónomos y ejercer su misión de acuerdo con lo que dicta expresamente nuestra Constitución. Intentar dinamitar la actuación de uno de los Poderes desde otro daña irremediablemente. No hay fundamento alguno para que el Ejecutivo desmantele o fortalezca a otro Poder. Este fin de semana, sin embargo, fuimos testigos del quiebre de aparato jurídico de la nación. Políticos improvisados decidieron colocar una tómbola para dirigir los destinos del Estado de Derecho. Increíble pero cierto. Como en kermés y ni a mano alzada sino con mano “santa” se vivió uno de los momentos más insultantes en nuestra historia. Una muestra de la bajeza política, de la imposición y de la ignorancia por todos lados. Estamos sumidos en un país que despierta y duerme con violencia, crímenes, sobornos, corrupción y lo que urge es aplicar tito el valor y peso de las leyes. Un esquema nacional de seguridad basado en cuatro ejes no nos promete prosperidad. No se vislumbra un proyecto ni de vanguardia ni de pronósticos positivos. Nunca se menciona ni se trata qué hacer con un sistema penitenciario podrido, corrupto. Nada acerca de la prevención social para evitar ser parte de la delincuencia. Ningún esquema para frenar el ingreso de drogas a los penales ni el control de las llamadas telefónicas que desde ahí operan para cometer delitos como el secuestro o asesinato. El narcomenudeo en las grandes capitales ya se salió de control y la actividad de miembros de los cárteles en la extorsión a comerciantes es insultante. No hay siquiera u. Esquema que promueva una exacta coordinación entre el sistema de salud y el de educación para oxigenar al país. Una tómbola es la resultante, es la solución para colocar o dar responsabilidad a inexpertos, iletrados o en su extremo, cómplices de más bandas criminales. La tómbola no es la respuesta de una democracia. Una tómbola no puede estar por encima de la tarea cívica de las urnas y las votaciones. Sabemos, y está probado, que una gran mayoría de aspirantes a cargos de elección popular cubren cuotas de poder, sirven a intereses mezquinos y se venden por un futuro económico adquirido por la venta de su dignidad. Ahora pretenden que así sean los impartidores de justicia cuando los propios legisladores, muchos, no se han atrevido a leer la constitución menos las iniciativas que les llegan ya armadas bajo más instrucciones de respaldarlas porque así lo exige el “movimiento”. Tómbola, tiro al blanco o volados merengueros no es lo que merece nuestro país. Y el riesgo, el gran y grave riesgo lo corremos todos los ciudadanos, incluyendo a las familias que aplauden estas modificaciones y absurdas componendas.
