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CARLOS RAMOS PADILLA
En vez de debatir sobre las leyes que más nos convienen para organizarnos como sociedad y estar amparados en nuestros derechos y obligaciones fundamentales, hemos caído en la trampa de sumirnos en la superficial discusión, más no debate, sobre nombrar a sujetos a mano alzada con probable inexperiencia para ingresar a la máxima sala de justicia del país. ¿Qué se requiere una revisión al Poder Judicial y hacerlo perfectible? Es cierto y necesario, pero llevarlo a su desaparición como uno de los poderes de la Unión es francamente atentatorio a nuestro equilibrio institucional. Ya hemos visto que la sra Batres, impuesta por el presidente, se tiene que autoetiquetar como la “ministra del pueblo” porque en la práctica su banalidad y frivolidad causan vergüenza. La aprobación de la reforma judicial como la platea el gobierno propone la elección de jueces y magistrados por voto popular y esto podría agravar el muy serio problema de la inseguridad en todo el territorio. Las voces expertas se han escuchado y las advertencias han sido muy claras como las de la magistrada Elisa Jiménez Aguilar, así como de la vocera de trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo Bernal. Incluso consejeros del INE han declarado que un ejercicio de elección en urnas para este propósito es prácticamente imposible por tres razones: el presupuesto, el tiempo y el número de boletas a las que tendría que atender el ciudadano. Adicional a esto elegir sin conocimiento a los aspirantes podría cimentar el camino para la injerencia y financiamiento de jueces y magistrados por poderes fácticos como el crimen organizado. Tenemos, por ejemplo, el reciente caso de la aprehensión del “mayo” Zambada y de Joaquín Guzman (asunto que ni el presidente del país entiende y está enterado) y que podría caer a evaluación y calificación de un juzgador a modo que favorezca los intereses de estos criminales. Sabemos que el Poder Legislativo ha sido sumiso a los caprichos de los gobernantes en turno a través de “sus” partidos políticos y “su” mayoría en curules. El dedazo, el fast track, las aprobaciones al vapor, la manipulación del reloj legislativo y la falta de quorum son trampas nada nuevas y siempre recurrentes. Eso no se debe permitir en el poder judicial. La improvisación, la mercadería de intereses, el acomodo de leyes e incluso la protección a delincuentes debe desaparecer de los salones donde se aplican las leyes fundamentales de la nación.
