Ciudad de México, 06 de septiembre (entresemana.mx). Luego de una solicitud de amparo promovido por el Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE), la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la despenalización del aborto a nivel Federal.
¿Esto qué significa? Todas las personas gestantes en nuestro país podrán acudir a cualquier institución médica federal y estás, estarán obligadas a brindar el servicio para la interrupción del embarazo.
Esta decisión no solo concluye que el apartado dentro del Código Penal que criminaliza el aborto queda sin efectos y debe ser retirado, sino que también señala que todos los médicos que laboren en alguna institución federal de salud, tampoco podrán ser criminalizados por esta acción.
La resolución implementada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) menciona el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los servicios médicos otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) deben dar la atención a todas las personas con capacidad de gestación, además de que deberán respetar la decisión de cada una de las pacientes.
Después de haber discutido esta solicitud de amparo interpuesta por el Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE) tras una sentencia de inconstitucionalidad en el Código Penal de Coahuila, la Corte ordenó al Congreso de la Unión eliminar el delito de aborto en el Código Penal Federal.
Al haberse aprobado esta decisión por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales a lo largo de todo el país.
Dicha medida impacta principalmente a 21 estados donde el aborto todavía era considerado un delito por las leyes locales, pues en otros 12 ya se había despenalizado.
Hasta antes de la resolución de la Corte, el aborto ya era legal en Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes, esta última entidad por órdenes de la SCJN el pasado 30 de agosto.