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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
SemMéxico, Mérida, Yucatán. Difícil será la segunda quincena de agosto para la frágil democracia mexicana. Alcanzará directamente a dos de los tres poderes del Estado mexicano: Ejecutivo y Legislativo. Y también al sistema de partidos que, durante la transición política, jugó un papel fundamental en promover el voto ciudadano, cuidarlo y materializar la alternancia cuando así lo decidían las y los electores. Vayamos por partes.
Poder Ejecutivo federal
Antier miércoles 14 habrá de realizarse la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) para calificar la elección presidencial del pasado 2 de junio. Y al día siguiente, se efectuará una sesión solemne para entregar el documento oficial que acredita la mayoría a la candidata de Morena quien, a partir de entonces, será formalmente presidenta electa para el periodo 2024-2030.
Una diferencia de 30 puntos porcentuales entre el primer y el segundo lugar parece ser razón suficiente para considerar estos eventos como meros formalismos. No lo son de manera alguna.
Un sector de la ciudadanía reclama la realización de un proceso asimétrico, disparejo, en cuanto a recursos económicos, acceso a los medios y, sobre todo, por la intervención abierta del presidente López Obrador y de sus funcionarios en la operación política que culminó con el triunfo de Claudia Sheinbaum.
Se presentaron más de 250 impugnaciones al proceso electoral, que el TEPJF tenía la responsabilidad de estudiar y resolver en el proyecto puesto a consideración de sus miembros, 3 mujeres, 3 hombres. Tribunal incompleto, pues la mayoría de Morena en el Senado de la República se negó a designar a dos de sus siete integrantes, por lo que la Sala Superior tuvo que incorporar a una magistrada de Sala Regional para cumplir con su delicada función de calificar la elección presidencial.
¿Qué esperarían las y los opositores en esta jornada matutina? ¿Un trámite que cubra la forma? ¿O un dictamen que, reconociendo los resultados favorables a Morena y sus aliados políticos, aborde detalladamente la intervención presidencial sistemática, casi permanente, en todo el proceso que está por concluir? Irse a fondo en las violaciones cometidas por el titular del Ejecutivo federal, analizar las numerosas resoluciones (más de 30) de sus propias salas, incluyendo la Superior, es indispensable para intentar corregir a futuro las conductas observadas, con las consecuencias de afectación de los principios de legalidad, igualdad, certeza y objetividad que habían caracterizado a las elecciones en México en los últimos años.
No es mucho pedir una toma de posición del Tribunal, todavía máximo órgano de justicia electoral (pongo el adjetivo porque no sabemos cómo va a quedar después de la reforma judicial), cuya resolución será analizada cuidadosamente en un futuro por las y los estudiosos del Derecho y en lo inmediato, por una ciudadanía que ha defendido a las instituciones electorales de los embates de este gobierno.
Sobrerrepresentación electoral
Existe una legítima preocupación sobre la manera en que las autoridades electorales interpretarán la asignación de la representación proporcional en la Cámara de Diputados y en la lista nacional del Senado de la República. El Consejo General del INE tiene hasta el 23 de este mes para realizar la asignación definitiva, una vez resueltas todas las impugnaciones de las elecciones de diputad@s y senador@s. Sea cual fuere la determinación del INE seguramente el asunto llegará al Tribunal Electoral, a su Sala Superior.
Si el INE le da la razón a Morena y sus aliados, los partidos opositores lo llevarán. Si, por el contrario, el INE acepta los argumentos ciudadanos y partidistas de la sobrerrepresentación, Morena será el que acuda a la última instancia electoral.
El Tribunal tiene hasta el 30 de agosto como límite para resolver en definitiva una cuestión que trasciende el proceso electoral actual, que va hasta la esencia misma de la democracia mexicana que ha fincado sus avances en el reconocimiento a la pluralidad y a la presencia de las minorías en la conducción política del país.
No deja de ser irónico que la Sala Superior del Tribunal sea la que genere las condiciones para desaparecer al poder Judicial federal del que forma parte. Porque ese sería su destino ineludible, si prevalece el criterio de la sobrerrepresentación que le otorga mayoría calificada, constitucional, a Morena y sus aliados políticos en la próxima legislatura.
La reelección de la dirigencia nacional del PRI
Sucedió el pasado domingo 11, pero la determinación definitiva si prevalece la legalidad o si se profundiza el autoritarismo, se tomará probablemente en el último tramo de este mes. El INE tiene la obligación de revisar en un lapso de 30 días naturales, que ya están corriendo, la constitucionalidad y la legalidad de la Asamblea realizada el pasado 7 de julio.
Si se “cae” por haber sido realizada en tiempos prohibidos expresamente por la Ley, también se derrumban las reformas a los Estatutos que abrieron paso a la reelección de Alejandro Moreno al frente del partido.
Parece un asunto de la exclusiva competencia del PRI y de su mermada base militante. No es así. Es parte esencial de la lucha por la supervivencia de la democracia en nuestro país. Si persiste la permisividad del Tribunal Electoral para que la dirigencia nacional del PRI haga y deshaga a su antojo, dañará a nuestro partido, pero también al sistema de partidos, en especial a los que aún se ubican en la oposición a Morena.
El PRI ha sufrido una merma severa de votos, de militantes, pero también de autoridad moral para comunicarse con la sociedad en su conjunto. Su supervivencia pasa por regresar a la senda de la legalidad y comenzar, junto con otras fuerzas políticas, la difícil lucha para reconformar a las oposiciones —partidistas, ciudadanas y sociales— ante el nuevo gobierno. Consumada la calificación de la elección presidencial; consumada la asignación de la representación proporcional, agosto finalizará con una nueva correlación de fuerzas partidistas en las Cámaras de Diputados y en el Senado de la República.
La autoridad de las oposiciones no provendrá de su número sino de su fortaleza moral, de su credibilidad ante un sector de la ciudadanía que, aunque minoría electoral, cuenta para la democracia. El PRI requiere un rescate del pozo obscuro en que está sumido por la ambición de poder y del control de su actual presidente. El INE y el Tribunal tienen la opción: aplicar la ley y darle una oportunidad al PRI de sobrevivir, o dejarlo consumirse como primera víctima fatal del nuevo régimen político autoritario.
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
