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>> El dictamen fue remitido a las legislaturas estatales para su consideración
Ciudad de México, 27 de noviembre (entresemana.mx). La Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que considera a la extorsión, el tráfico de fentanilo y a las actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El dictamen recibió 94 votos a favor y 34 en contra, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.
La asamblea rechazó en lo particular las reservas para modificar el proyecto que presentaron senadores del PAN, PRI, MC y Morena. De esta manera, los artículos reservados fueron avalados en los términos del dictamen, con 93 votos a favor y 35 en contra, y el proyecto fue remitido a los congresos estatales para su consideración.
Durante el debate, que se desahogó en seis horas y media, los Grupos Parlamentarios de Morena, PVEM y PT, recalcaron que estos cambios permitirán proteger a la ciudadanía de delitos que han aumentado en los últimos años; mientras que las fracciones del PAN, PRI y MC argumentaron que la prisión preventiva oficiosa atenta contra los derechos humanos.
Por Morena, Lucía Trasviña Waldenrath defendió que la prisión preventiva es una medida para proteger a las víctimas, mientras que las nuevas disposiciones constitucionales cerrarán la puerta impunidad y evitarán que quienes cometen delitos graves como la extorsión y el tráfico de drogas, sigan dañando a las comunidades; “es una medida excepcional, sí, pero indispensable”, subrayó.
Andrea Chávez Treviño, de Morena, pidió a los legisladores que se oponen a esta reforma “no ser parte del problema” si rechazan ser parte de la solución; en ese sentido, recordó que en mayo de este año los gobernadores de los 31 estados de la República y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no elimine la figura de la prisión preventiva, entre ellos, los mandatarios emanados del PAN, PRI y MC.
Francisco Javier Ramírez Acuña aclaró que su bancada, el PAN, está de acuerdo con la figura de la prisión preventiva, siempre y cuando sea justificada y se encuentren elementos para garantizar la aplicación de la justicia; no obstante, enfatizó: “no podemos avalar con nuestro voto el poder de las fiscalías de encarcelar a cualquier ciudadano víctima de la invención de delitos, de la fabricación de carpetas de investigación, de la siembra de pruebas falsas o de denuncias anónimas”.
Del PVEM, Juanita Guerra Mena se pronunció a favor de la enmienda, pues, aseguró que cumple con las demandas del pueblo de México. Asimismo, subrayó que en la aplicación de la prisión preventiva se deben cumplir estrictamente los principios del proceso penal para que los jueces determinen la medida con base en argumentos sólidos.
Karla Guadalupe Toledo Zamora, del PRI, dijo que la figura de prisión preventiva oficiosa “desvirtúa el principio de la justicia” y, en la práctica, castiga a quienes aún no han sido declarados culpables, además de que contradice las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ser arbitraria y violatoria a las garantías individuales.
Por el PT, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre destacó que con esta reforma se fortalecen las disposiciones para enfrentar delitos de alto impacto como la extorsión, que en los últimos años ha mostrado un incremento “alarmante”; según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expuso, en 2022 se registraron más de 10 mil casos de este ilícito.
De MC, Clemente Castañeda Hoeflich aseguró que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa afecta a las personas más vulnerables, a los pobres y a las mujeres, y tiene un impacto directo en el incremento de la población penal, pues de acuerdo con datos oficiales, la población privada de su libertad creció de 196 mil personas en 2018 a 233 mil en 2023, de los cuales casi 87 mil no han sido sentenciadas.
