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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO* (SemMéxico, Mérida, Yucatán). Leo en un texto de administración de negocios: “La cartera vencida de una empresa se forma con documentos y créditos que no se pagaron a la fecha de su vencimiento. Este rubro juega un papel fundamental en la planeación financiera porque representa un enorme riesgo para la salud de cualquier compañía”.
¿Qué pasa si, en vez de una empresa privada, se trata de un país —México— y el incumplimiento de los compromisos son las fallidas promesas de un gobierno que habrá de concluir en 2024? Habrá quien considere a la revocación de mandato como una especie de intento de recuperación de la cartera vencida de los incumplimientos presidenciales en forma anticipada. Pero, todo indica que no habrá consecuencia favorable a la rendición de cuentas en el ejercicio de junio próximo; solo servirá de bálsamo al ego lastimado del presidente López Obrador por las críticas de un sector creciente de la ciudadanía.
Pase lo que pase el 10 de abril, el problema generalizado de un sexenio fallido estará presente en el tercer tercio de la administración lopezobradorista.
No soy pesimista ante el futuro inmediato; por el contrario, creo que tenemos una tarea pendiente, enorme, si abandonamos la ilusión de una rectificación de rumbo y nos ponemos a trabajar en la alternativa que se abrirá en 2024. Es decir, si de una vez por todas descontamos la cartera que ha significado este sexenio y sus fracasos. Presupongo que las instituciones y la resiliencia del pueblo son los fondos de capitalización para poder aplicar el descuento de un sexenio fallido. Y que todavía existirá un remanente para comenzar la tarea de renovación de la vida pública del país.
Estas reflexiones provienen de haber escuchado la conferencia digital que ofreció el Dr. Julio Frenk, ex secretario de Salud del gobierno de Vicente Fox: “La Salud en México: antes, durante y después de la pandemia del Covid 19” el pasado jueves. Sostiene el actual presidente de la Universidad de Miami que la mejor manera de enfrentar el trauma colectivo originado por la pandemia del Covid es “movilizar a la sociedad para construir una ‘mejor normalidad’ representada por un sistema de salud universal que garantice el acceso a los servicios integrales de alta calidad con protección financiera”. (https://www.youtube.com/watch?v=22wn7VqB0r8).
Destaco la expresión: “mejor normalidad”. No es la vuelta al pasado inmediato de 2018, sino una nueva alternativa a construir con la participación activa del conjunto de la sociedad. “Universal” tiene para el Dr. Frenk dos acepciones: que cubra a todas las personas y que todos tengan los mismos beneficios y las mismas reglas para obtenerlos. Subraya particularmente que no plantea un sistema único, sino uniforme de atención a la salud.
Seguro popular
Hasta 2019 podíamos considerar que México había logrado desarrollar una política de Estado en materia de salud. Desde la implantación del Seguro Popular en 2003 se habían sucedido tres cambios de administración que habían conservado y ampliado el ambicioso propósito de lograr atención universal, es decir, a toda la población mexicana. Las cuentas mostraron los avances pues en 2015, sólo el 14 por ciento de los habitantes no contaba con protección de su salud, frente a 56 millones que tenían seguro popular y los más de 42 millones de personas usuarias y beneficiarias de la seguridad social, es decir, del IMSS y del Issste. Además, 8 millones tenían seguros privados de salud.
Íbamos en la dirección correcta, aun cuando existían problemas en los diferentes ritmos de implantación en los estados (unos más rápido y en forma más organizada que otros); había diferencias en la calidad de los servicios y se mantenía aún la segmentación entre las instituciones de seguridad social y las de salud.
Adicionalmente, había casos específicos y documentados de actos de corrupción que no habían sido sancionados con la energía y oportunidad necesarias.
Al iniciar la actual administración, el presidente López Obrador decidió poner fin al Seguro Popular (“ni es seguro, ni es popular”, decía) y sustituirlo por un modelo centralizador de la atención en el gobierno federal, tal como sucedía en la década de 1970. El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) nació con mal fario, pues no solamente fue producto de un trabajo legislativo acelerado por la mayoría de Morena, sino que el mismo día que entró en vigencia la reforma que lo creó se anunció la existencia del virus Sars-Cov-2, identificado en China y que tardó 60 días en llegar a México.
Si ya de por sí un cambio de tal calado hubiera demandado tiempo y recursos cuantiosos para su implantación (más porque iba a suceder a un modelo de organización que estaba operando), la pandemia potenció todos los problemas que se habían originado en la posición inicial del presidente López Obrador, que arremetió contra las distribuidoras y productoras de medicamentos, acusándolas de múltiples delitos, por cierto, nunca acreditados.
Más de 300 mil muertes oficialmente reconocidas por Covid; 20 por ciento de los decesos, del personal de salud; 54 por ciento de exceso de mortalidad (diferencia entre las muertes esperadas y las realmente ocurridas), lo que significa que más de 600 mil personas murieron antes de su “hora demográfica”. Este es el marco de la propuesta de futuro que hace el Dr. Julio Frenk.
Se requiere, según argumenta, una reforma legal, financiera, gerencial, al modelo de atención y en la que participe la ciudadanía. En lo inmediato, el ex secretario de Salud propone la creación de una comisión especial para la reforma al sistema de Salud, de carácter independiente y apartidista. Que sea conformada por el propio Congreso de la Unión en los próximos meses y que entregue sus conclusiones a mediados de 2023.
Veo muy difícil que la mayoría de Morena y sus aliados quieran contribuir a realizar un balance objetivo del desastre en que se ha transformado la salud pública del país. Aun así, es posible que organizaciones acreditadas de la sociedad civil, académicos, científicos y especialistas puedan concurrir y comenzar a trazar lo que, sin duda, tendría que ser una de las cuatro grandes reformas del sexenio por venir.
Descontada la cartera de este sexenio, pongamos condiciones para el nuevo crédito de confianza de 2024.
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
