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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO (SemMéxico, Mérida, Yucatán). Semana de discusión pública sobre reformas. El debate nacional se ha concentrado en la iniciativa presidencial para transformar el sistema electoral, comenzando desde luego, por el Consejo General del INE, donde todavía despachan sus odiados, auto-asumidos como enemigos, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
Sin la intensidad de los reflectores mediáticos en un tema que lo amerita plenamente, también avanza en el Congreso local la reforma para impedir que persona alguna acusada de ejercer violencia contra las mujeres, pueda ocupar un cargo público o ser candidato a un cargo de elección popular. Una, la primera, está inspirada en el rencor y la revancha contra agravios imaginados, infligidos por autoridades que sólo han estado cumpliendo su función. La segunda, fraguada desde la sociedad y sus organizaciones, busca establecer en la legislación yucateca el impedimento para que los violentos puedan vulnerar el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia.
Comienzo por la noble y valiente propuesta impulsada por la organización política “Las Constituyentes Feministas”, la cual reclama como requisito para ocupar cargos de elección, para ser designado funcionario o ser postulado como comisionado en instituciones públicas, que el aspirante reúna tres condiciones básicas: 1. No ser deudor moroso de pensión alimenticia; 2. No ser agresor sexual, incluyendo acoso u hostigamiento; 3. No ser agresor por razones de género, tanto en el ámbito familiar como en el político.
La razón de esta tercia de impedimentos es clara: las personas agresoras no están en condiciones de actuar para prevenir, atender, sancionar y combatir la violencia, ni contra las mujeres ni contra la sociedad: ¿cómo hacerlo si sus propios actos lo desdicen?
El requisito que propone la iniciativa sería el equivalente de gozar de buena fama pública, solo que al revés: “…no tener antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento o sentencia como persona agresora…”, en delitos de violencia familiar, sexual, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, especialmente alimentaria. Significa que, si existe una denuncia ante la fiscalía del estado por parte de la agraviada, ese mero hecho impediría el registro como aspirante a fiscal, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, consejero electoral, comisionado del Instituto de Acceso a la Información del estado, titular de secretaría en la administración estatal y, desde luego, candidato a gobernador, diputado o regidor, incluyendo a presidente municipal.
Al ser un requisito de elegibilidad no presume la culpa o responsabilidad final del acusado, puesto que solo un/a juez/a podrá determinarlo. Pero en un país en donde la mayoría de los delitos no son denunciados y solo unos cuantos finalmente son conocidos y resueltos por el poder Judicial, ¿cuál es el chance de la sociedad de librarse de representantes violentos cuando se exige “sentencia firme” para que funcione la inhabilitación?
El Congreso de Yucatán tiene ahora la oportunidad de ser una vez más pionero en temas de derechos de las mujeres si aprueba introducir en nuestra legislación la respuesta al grito: “Fuera los violentos” doquiera se encuentren.
Ruido
La segunda reforma es, sin duda, la del ruido y la estridencia. La iniciativa constitucional presentada por el presidente López Obrador ahora sabemos, fue elaborada por dos de sus colaboradores.
Sorprende la pluma de Pablo Gómez, integrante hace más de 42 años de la primera legislatura con diputados de representación proporcional. El entonces joven legislador venía de la izquierda partidista, de la lucha universitaria para ampliar los espacios de participación democrática, los que ahora pretende eliminar el censor stalinista. Y es que la “máquina del tiempo” que procesó las propuestas de la iniciativa lopezobradorista cedió a los números de representación del México de la década de 1970, con 50 millones de habitantes, una economía cerrada y la política dominada totalmente por el PRI.
Bajo el pretexto del ahorro (¡cuántos crímenes se cometen en nombre de la austeridad!) se pretende reducir hasta 300 las diputaciones (400 desde 1979), a costa de un nuevo sistema que ni el firmante de la iniciativa, el presidente López Obrador, conocía (¿qué otras cosas habrá firmado sin saber realmente en qué consistían?): representación pura, a través de listas estatales; “achicar” los congresos locales (Yucatán tenía 12 diputados en 1976) y los ayuntamientos, eliminando diputados y regidores. Centralizar, como en el pasado, los procesos electorales en un instituto nacional (se debatió hasta el cansancio en 2013 y los hoy morenistas estuvieron en contra) y “darle cuello” a todos los institutos estatales, así como a los tribunales locales electorales. Y del Consejo General del INE, volverlo solo de siete integrantes (por cierto, ese deseo malsano se podría cumplir una vez que concluyan su periodo cuatro consejeros en mayo de 2023).
También se persigue reducir el financiamiento público a los partidos, dedicándolo solo a las campañas, no a la burocracia electoral. Pero lo más grave y aventurado de la propuesta presidencial radica en la pretensión de elegir a las y los consejeros y a las y los magistrados electorales mediante “voto popular”. Una vez más, el manejo demagógico del dicho “el pueblo pone, el pueblo quita”, lleva al absurdo de pretender partidizar mediante una campaña a quienes serían responsables de organizar y calificar las elecciones.
¡Adiós a la imparcialidad, objetividad, legalidad, etc.! Ahora, a servir a las fuerzas políticas que los postularon y los hicieron ganar.
La “caja china” del presidente López Obrador soltó un nuevo distractor, una vez agotadas la reforma eléctrica y la revocación de mandato. Sabe que no va a pasar el filtro del Congreso, más si la cámara de origen es Diputados. Pero lo importante es hacer ruido, la polarización y el enfrentamiento que distrae de los problemas sustantivos que el país atraviesa: inflación, violencia, falta de rumbo y expectativas de futuro en un escenario mundial de alta incertidumbre.
Debatamos, pero no nos distraigamos. Concretemos medidas para evitar la llegada de los violentos…y el regreso de los nostálgicos de un pasado estalinista que muy a sus pesares, nunca existió en México.
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
