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SOFÍA GONZÁLEZ TORRES
El juicio de amparo ha sido, desde su creación, una de las herramientas más importantes para la defensa de los derechos ciudadanos en México. Su función ha permitido que individuos y empresas puedan impugnar actos de autoridad que consideren inconstitucionales, generando un sistema de control que equilibra los poderes del Estado. Ahora, con la reciente reforma aprobada en febrero de 2025 y publicada en el Diario Oficial el 13 de marzo, el gobierno plantea ajustes significativos que buscan fortalecer la seguridad jurídica y evitar que este recurso se use de manera excesiva o para frenar la aplicación de nuevas políticas públicas.
Uno de los principales cambios es la limitación de las suspensiones con efectos generales. Con esta modificación, cuando un juez conceda un amparo, su decisión beneficiará únicamente a la persona que lo promovió y no a la población en general. Esto responde a la necesidad de evitar que una sola resolución pueda detener la aplicación de leyes aprobadas por el Congreso, asegurando que las normas continúen vigentes mientras se resuelve su constitucionalidad de manera definitiva.
Otro punto relevante es la exclusión del juicio de amparo contra actos de los dos órganos de nueva creación del Poder Judicial: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Con ello, se busca respetar y fortalecer aún más la autonomía del Poder Judicial y evitar interferencias que puedan frenar sus procesos internos.
La reforma también disminuye de ocho a seis el número de votos requeridos para que las resoluciones del Pleno sean válidas. Este ajuste se hace con base en la reforma judicial, la cual reduce de 11 a 9 la integración de ministros y ministras en la SCJN.
El siguiente aspecto es el funcionamiento del Pleno, pues se elimina el sistema de salas y la SCJN operará únicamente en Pleno. Esta medida pretende unificar criterios y fortalecer la coherencia en las decisiones del máximo tribunal.
Desde el gobierno, se argumenta que estas modificaciones fortalecen la supremacía constitucional y evitan que el juicio de amparo sea utilizado como una herramienta para bloquear proyectos estratégicos. Esto puede dar mayor certeza en la aplicaciónn de políticas públicas y garantizar que las leyes aprobadas democráticamente no sean suspendidas de manera indefinida.
Sin embargo, algunos sectores han manifestado preocupaciones sobre los efectos que estos cambios podrían tener en la protección de derechos. Organismos empresariales y académicos han señalado que la reducción en el alcance del amparo podría generar incertidumbre en casos donde una norma afecte a un amplio sector de la población. También hay quienes consideran que se debe seguir garantizando que el Poder Judicial mantenga la facultad de revisar normas de manera efectiva, asegurando el equilibrio entre los poderes del Estado.
Lo cierto es que esta reforma abre un nuevo capítulo en la historia del juicio de amparo en México. Al limitar ciertos alcances, busca dar estabilidad a la implementación de leyes y políticas, pero también plantea retos en la defensa de derechos individuales y colectivos. El reto hacia adelante será encontrar el punto de equilibrio entre la gobernabilidad y la protección de los ciudadanos, asegurando que el amparo siga siendo una garantía efectiva dentro de nuestro sistema legal.
En última instancia, el debate sobre la Ley de Amparo es una oportunidad para evaluar cómo mejorar la impartición de justicia en México, considerando tanto la necesidad de un sistema judicial rápido y efectivo como la de proteger los derechos constitucionales de la ciudadanía.
