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>> Propone expedir un nuevo ordenamiento, considera que existe rechazo popular contra dicho horario
>> En Cámara de Diputados turnan a la Comisión de Energía la iniciativa del Ejecutivo sobre Ley de Husos Horarios
Ciudad de México, 07 de julio (entresemana.mx). La Comisión Permanente recibió ayer miércoles la iniciativa del Ejecutivo Federal, que busca eliminar el “Horario de Verano”, proyecto que fue remitido a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Se trata de la propuesta para expedir la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, en la que se destaca que la población rechaza el “Horario de Verano”, que no genera ahorros en el consumo de energía eléctrica y que afecta la salud.
La iniciativa propone abrogar la Ley vigente para sustituirla por una nueva, que reconoce los husos horarios conforme al meridiano de Greenwich pactado internacionalmente en 1884.
Además, plantea mantener un horario estacional de excepción para los municipios de la frontera norte, dada la profunda integración laboral, social, cultural y económica existente con la zona fronteriza colindante de los Estados Unidos de América.
Para efecto de esta ley, se establecen dentro del territorio nacional las siguientes zonas y se reconocen los meridianos que les correspondan:
- Zona Centro: referida al meridiano 90 grados al oeste de Greenwich, que comprende la mayor parte del territorio nacional;
- Zona Pacífico: el meridiano 105 grados al oeste de Greenwich, que comprende los territorios de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, con excepción del municipio de Bahía de Banderas, el cual se regirá conforme a la fracción anterior en lo relativo a la Zona Centro, Sinaloa y Sonora;
III. Zona Noroeste: referida al meridiano 120 grados al oeste de Greenwich, que comprende el territorio del estado de Baja California;
- Zona Sureste: el meridiano 75 grados al oeste de Greenwich, que comprende el territorio del estado de Quintana Roo;
- Las islas, arrecifes y cayos quedarán comprendidos dentro del meridiano al cual corresponda su situación geográfica, y de acuerdo con los instrumentos de derecho internacional aceptados.
Únicamente en la zona fronteriza norte del territorio nacional se aplicará un horario estacional conforme a las siguientes reglas:
En los municipios de Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el estado de Nuevo León; Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el estado de Tamaulipas, así como los que corresponden a la franja fronteriza de la zona centro, se aplicará el meridiano 75 grados al oeste de Greenwich.
Para los municipios de Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el estado de Chihuahua, incluyendo los correspondientes a su franja fronteriza, se aplicaría el meridiano 90 grados al oeste de Greenwich.
Mientras que los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el estado de Baja California, y San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el estado de Sonora, incluida la franja fronteriza, se aplica el meridiano 105 grados al oeste de Greenwich.
Además, en los artículos transitorios del proyecto se prevé que el decreto entre en vigor el 1 de noviembre de 2022.
En Cámara de Diputados turnan a la Comisión de Energía la iniciativa del Ejecutivo sobre Ley de Husos Horarios
En este orden, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la iniciativa del Ejecutivo federal que expide la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar los cambios de horario estacionales en el territorio nacional, con excepción de los municipios ubicados en la frontera norte.
En la sesión se notificó que se recibió de la Secretaría de Gobernación la comunicación con la que remite el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos. Además, se acompaña de una comunicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se emite el dictamen de impacto presupuestario.
El documento precisa que la adopción del llamado horario de verano fue justificada básicamente por consideraciones económicas relacionadas con el ahorro de energía, y así lo argumentaba el decreto presidencial de 1996.
Menciona que desde ese año el horario de verano ha contribuido al ahorro de energía de forma constante, aunque siempre por debajo del 1 por ciento de la energía consumida anualmente. Es decir, efectivamente, se ha ahorrado energía, pero no es significativo respecto del total de consumo anual.
De acuerdo con fuentes científicas citadas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la implementación periódica de horarios estacionales afecta a la salud pública a corto, mediano y largo plazos.
La iniciativa propone abrogar la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 29 de diciembre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación y el Decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de marzo de 2002 en el DOF, y sus subsecuentes reformas, para sustituirla por una nueva que reconoce los husos horarios conforme al meridiano de Greenwich, pactado internacionalmente en 1884.
No obstante, se plantea mantener un horario estacional de excepción para los municipios de la frontera norte, dada la profunda integración laboral, social, cultural y económica existente con la zona fronteriza colindante de Estados Unidos.
Destaca el compromiso del Gobierno Federal para asegurar el bienestar de los 13.6 millones de habitantes que viven en la región fronteriza México-Estados Unidos y de los puestos de trabajo que se tienen en ambos lados de la frontera.
La ley sería de observancia obligatoria en todo el territorio nacional; sus disposiciones serían de orden público e interés general; su aplicación y vigilancia está a cargo del Ejecutivo federal.
