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Ciudad de México, 17 de mayo (entresemana.mx). México superó la barrera de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con las cifras oficiales reportadas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD), coordinado por la Secretaría de Gobernación.
Aunque el fenómeno data de la década de los 60, cuando la desaparición forzada tenía motivaciones políticas, el detonante de la incidencia masiva reconocida por el gobierno fue la llamada guerra contra el narcotráfico, emprendida en 2006, a partir de la cual corresponden más de 95 por ciento de los casos denunciados.
Ante este número de personas desaparecidas en el país, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a las autoridades mexicanas a redoblar los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de este delito.
“El flagelo de las desapariciones es una tragedia humana de enormes proporciones”, manifestó. “Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, enfatizó.
Cabe señalar que la desaparición de personas ha mantenido una tendencia creciente asociada –según el diagnóstico del Comité de Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas– a la presencia del crimen organizado en varias entidades, en muchos casos en connivencia con corporaciones policiacas, principalmente estatales y municipales. Los datos oficiales corroboran que la principal causa de esta problemática es la operación del narcotráfico en México.
En el desagregado por periodos que arroja el RNPD se reporta la evolución del fenómeno: entre el 15 de marzo de 1964 y el 30 de noviembre de 2006 se registraron mil 988 personas, la mayoría debido a la guerra sucia emprendida por el Estado contra movimientos insurgentes.
La guerra contra el narcotráfico representó la masificación del fenómeno con, sólo en cifras oficiales, 16 mil 903 desaparecidos en la administración de Felipe Calderón; la continuidad en la estrategia contra el crimen organizado con Enrique Peña Nieto derivó en un incremento de 100 por ciento respecto a aquel, alcanzando 35 mil 61 desapariciones en ese sexenio.
Aun cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emprendió acciones para la construcción de un marco legal y una estructura institucional con el fin de enfrentar este delito y se ha abierto al escrutinio y colaboración internacional, los esfuerzos han sido insuficientes. Las cifras revelan que en tan sólo tres años y medio de este gobierno han desaparecido 31 mil 400 personas en todo el país.
Conforme a las cifras oficiales, las nueve entidades con la mayor presencia de bandas delincuenciales concentran 64 mil 146 desaparecidos, 65 por ciento del total: Jalisco, 14 mil 951; Tamaulipas, 11 mil 970; estado de México, 10 mil 993; Nuevo León, 6 mil 215; Sinaloa, 5 mil 471; Sonora, 4 mil 296; Coahuila, 3 mil 556; Chihuahua, 3 mil 470, y Michoacán, 3 mil 224.
La ONU-DH refirió que el registro nacional ha estado recopilando desapariciones que datan desde 1964. Según la información, alrededor de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, mientras que aproximadamente una quinta parte tenían menos de 18 años al momento de su desaparición.
“Más del 97 por ciento de las desapariciones, cuya fecha se conoce, ocurrieron posterior a diciembre de 2006, cuando México transitó a un modelo militarizado de seguridad pública”, puntualizó.
Indicó que sólo 35 de las desapariciones registradas han alcanzado la condena de los perpetradores. “Esta abrumadora tasa de impunidad se atribuye principalmente a la falta de investigaciones efectivas. Lo anterior deja solas a las familias de las víctimas, quienes ya están profundamente afectadas por la desaparición de sus seres queridos, con la carga adicional de intentar esclarecer qué les sucedió”, señaló.
“Durante mi visita a México en 2019, pude conocer de primera mano la valentía de las familias de las víctimas, quienes han sido actores clave para organizar y proponer soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”, declaró la Alta Comisionada.
La radiografía de las desapariciones en México coincide con la disputa de las plazas: Jalisco es la entidad más golpeada; ahí opera el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya expansión se refleja en las cifras alcanzadas. Coincidente con la evolución de este grupo armado, la desaparición en la entidad creció 400 por ciento entre el gobierno de Calderón y el actual.
Caracterizado por la confrontación entre los cárteles del Golfo y del Noreste, así como resabios de Los Zetas, en Tamaulipas se agrega otro factor detonante de la incidencia de este delito: los flujos migratorios que son presa del crimen organizado, lo cual dispara las cifras.
Ubicado en el tercer lugar nacional, el estado de México resiente la pulverización de cárteles que pugnan por el control de la zona y repercuten en las desapariciones: La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios e incluso el CJNG en su estrategia expansiva.
Una asociación que dejó clara el CDF en su informe sobre su visita a México:
“El crimen organizado se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisiones de servidores públicos”. Este último factor lo configura como desapariciones forzadas.
Asimismo, Bachelet hizo un llamado a las autoridades para que coloquen a las familias de las personas desaparecidas en el centro de sus esfuerzos y pongan a disposición los recursos necesarios para que las investigaciones y las búsquedas sean efectivas.
También instó a México a implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzada, al igual que todos los aspectos de la Ley General de desapariciones, incluyendo la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.
