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SOFÍA GONZÁLEZ TORRES
Legislar fuera del calendario ordinario es una excepción. Pero cuando la realidad corre más rápido que el reloj legislativo, hay que acelerar con responsabilidad institucional.
¿Por qué ahora? Porque el próximo año legislativo es una ventana crítica para el despegue de la agenda pública. El periodo ordinario de septiembre estará cargado con el análisis del paquete económico y la glosa del informe presidencial. Además, es necesario conocer el impacto económico para la administrración en la implementación de las reformas y leyes, antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos. Anticipar la discusión y aprobación de reformas estructurales permite liberar capacidad política y legislativa para entonces. Es una jugada de técnica parlamentaria, pero también de estrategia de gobernabilidad.
El extraordinario que ya arrancó busca precisamente eso: mover lo estructural antes de que se imponga lo ceremonial. La propuesta fue abrir sesiones del 23 de junio al 3 de julio y destrabar iniciativas que no son accesorias, sino columna vertebral del régimen. Esto es lo que está sobre la mesa:
En la Cámara de Diputados:
Ley del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública
Nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Reforma para transferir funciones del CONEVAL al INEGI
Nueva Ley de la Guardia Nacional y ajustes a Fuerzas Armadas
Reforma al Seguro Social en materia de retiro por desempleo
Todas las reformas en materia de seguridad reflejan un esfuerzo por consolidar capacidades institucionales con visión de largo plazo. A la par, atienden la urgencia de completar el marco jurídico que permita implementar por completo la estrategia de seguridad que avance en la pacificación del país.
En el Senado:
Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos
Reforma a la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno (reconocimiento a mujeres)
Reformas en infraestructura ferroviaria
Reformas sobre especies en peligro (totoaba y delfines)
Ajustes a la Ley de Lavado de Dinero
Reforma en desaparición forzada y búsqueda de personas
Cambios en leyes de competencia y paraestatales
Nueva Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión
La reforma para reconocer a las mujeres en los símbolos patrios no solo es un acto de justicia histórica, sino una señal de inclusión desde lo más alto del Estado. Del mismo modo, las reformas para proteger especies como la totoaba y los delfines reflejan un compromiso con el medio ambiente —impulsado por el PVEM— que debe seguir consolidándose en esta legislatura. En conjunto, estas iniciativas abren la puerta a una narrativa legislativa que equilibre eficacia técnica con sensibilidad social y ambiental.
Este extraordinario tiene sentido no solo por el fondo, sino por la forma. Convocar implica concertación política, voluntad real de acuerdos, alineación con prioridades nacionales. No basta tener los dictámenes; se requiere visión compartida de país. Y en este caso, el país exige certezas jurídicas, instituciones más sólidas y políticas públicas con rostro social.
La eficacia parlamentaria no debe medirse solo en número de dictámenes aprobados, sino en su capacidad de transformar la vida de las personas. Por eso, más que avanzar en 20 temas de forma dispersa, este periodo extraordinario representa un anillo estratégico de impacto social: un subconjunto de reformas que actúan como núcleo narrativo y político, capaces de enviar un mensaje claro de justicia, transparencia y bienestar.
Convocar a un extraordinario ha sido un mensaje: el Congreso no está en pausa, sino en modo respuesta.
