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“Peor que una dictadura, es una dictadura incompetente, porque
además de autoritarismo y odio, destila ingobernabilidad”
Alberto Aguilar Iñarritu
Ciudad de México, 13 de junio (entresemana.mx). El pasado primero de junio se completó la maniobra autocrática destinada a controlar el Poder Judicial por parte del partido Morena. En el más puro estilo demagógico del nacional populismo, se volvieron a utilizar las instituciones democráticas para socavar a la democracia. Gracias al fraudulento apoderamiento de la mayoría calificada en el Legislativo, se convocó a una muy costosa elección nacional esgrimiendo el argumento de permitir que el pueblo definiera la integración de ese Poder. De nada valieron los múltiples y variados pronunciamientos que advirtieron el carácter contra natura de desplegar un proceso político mayoritario para conformar un Poder contramayoritario, como lo es el Judicial, tampoco las prevenciones sobre los riesgos de politizar estructuralmente la justicia abriendo la puerta de la selección de los juzgadores a los poderes fácticos, legales e ilegales, provenientes de intereses partidarios, oligárquicos y aún delincuenciales. Pero sobre todo ello privó la, hasta ahora, imparable ejecución del proyecto concentrador del poder del morenismo y particularmente de su caudillo Andrés Manuel López Obrador, que con esta acción piensa que así terminó de blindar su ocupación golpista de la agonizante República mexicana misma que, desde su restauración juarista, hace poco más de 150 años, a nadie se le había ocurrido trastocar.
El caudillo autocrático piensa que después de esta maniobra, su impunidad está garantizada, habrá que esperar que opina al respecto la compleja dialéctica de nuestra época, donde cada vez resulta más difícil oponer las murallas internas ante los embates externos de un mundo en reacomodo, y salir victorioso sin que antes las primeras se desquebrajen.
Respecto de la elección, los datos ahí están, la legitimidad brilló por su ausencia cuando prácticamente sólo uno de cada 10 ciudadanos o ciudadanas acudieron a votar y poco más de 26 millones de votos fueron anulados o no marcados[1], en unos resultados que cínicamente fueron un espejo de los célebres “acordeones” repartidos. Lo que pase de aquí en adelante, en el abusado Poder Judicial, es de pronóstico reservado:
Los juzgadores recién electos, en un poder presupuestalmente disminuido, se enfrentarán a un incremental rezago de millares de expedientes que deberán atender al mismo tiempo que se adecúan a estructuras institucionales poco conocidas por ellos, en particular las muy especializadas de los juicios orales, mientras las presiones de todo tipo se agolpan, entre ellas las políticas provenientes de los intereses que los postularon e hicieron ganar o a las inherentes a los recién electos candidatas y candidatos honestos, que también debe haber dentro de ese variopinto grupo, que comenzarán a sufrir las tensiones entre decidir conforme a derecho o de hacerlo bajo la línea. Las oposiciones continuarán litigando la anulación del proceso, el desprestigio internacional del mismo crecerá conforme sus autores muestran su piel delgada ante la crítica de todos lados y, desde luego, las próximas negociaciones del T-Mec sufrirán para sortear las cláusulas que exigen contar con un Poder Judicial independiente, que ya no vive, así como con la existencia de Organismos Constitucionales Autónomos, que fueron liquidados.
A esta altura del recuento de los daños, invariablemente aparece la pregunta: ¿cómo llegamos a esto?, y se destina más tinta a explicarlo. No obstante, me parece que ya es tiempo de reconocer y asumir como punto de acuerdo, que la entronización del villano disruptivo fue facilitada por las insuficiencias, errores y pequeñeces en el diseño y la ejecución, de la transición democrática.
Desde los diputados de partido en 1963, a la fundante reforma electoral de 1977, hasta la gran reforma electoral de 1996, el gradualismo reformista había sido la forma que asumió el cambio democrático del régimen político, un cambio que después del año 2000, cuando se verificó la primera alternancia presidencial del antiguo régimen, se frenó no obstante tener las propuestas para avanzar hacia la reforma integral del régimen político, empezando por el régimen de gobierno, como lo proponía la Comisión para la Reforma del Estado que comandaba Porfirio Muñoz Ledo.
Desde entonces han pasado 25 años sin que se haya podido prosperar en esa línea, por el contrario, hoy asistimos al triunfo de una contra reforma autoritaria. Sufrimos un desgraciado péndulo maligno que nos hace recordar las vicisitudes de México a lo largo del siglo XIX, resultado de ese país carente de Estado, hasta que Juárez y Díaz pudieron salvarlo conformando el Estado laico. Durante este primer cuarto del siglo XXI hubo varios intentos de hacer avanzar la Reforma de Estado, en 2007 se realizó un ejercicio muy serio que al final volvió a ser víctima del presidencialismo que se negaba a cambiar y todo terminó en una más de las múltiples reformas electorales, porque de tocar el régimen de gobierno nada. El 10 de febrero de 2014 se pudo, a nivel constitucional, ir hacia el gobierno de gabinete estableciendo en los artículos 74, 76 y 89 el Gobierno de Coalición, aunque hasta la fecha, dicha reforma, carece de ley reglamentaria y, desde la entronización populista, se mira muy lejana.
En 2018 irrumpe el nacional populismo entrando por la amplia puerta de la injusticia social que ninguno de los tres gobiernos de la transición pudo resolver, disminuyendo en serio la pobreza.[2] El presidencialismo de entonces que se negó a transformase durante el período reformista de la transición, y le dejo la mesa autoritaria puesta al caudillo que, lleno de odios, con ella inicia la demolición de la democracia, al diablo la instituciones había dicho AMLO, y lo cumplió. Ya la permanencia del arcaico presidencialismo en la transición a la democracia había comenzado a debilitar al Estado; al negarse el cambio de régimen de gobierno, su vulnerabilidad se agravó y disminuyó cada vez más la eficacia estatal, donde la malograda guerra contra el narco es un claro indicador de ello. Cuando López triunfa en su cruzada conservadora destinada a sobre concentrar el poder en un presidencialismo de por si nocivo, se cierra el círculo que incuba al Estado fallido, donde ahora nos encontramos, y ese es el problema de fondo que se expresa tanto en la caída de variados indicadores de desarrollo, como en una creciente ingobernabilidad.
Las múltiples manifestaciones de la enfermedad terminal del Estado mexicano se expresan en su incapacidad no sólo para atender la salud y la educación, sino también la seguridad nacional y la fortaleza de la economía. Hoy todavía parece que no pasa nada, como cuando el enfermo desoye al doctor para seguir de farra, pero por desgracia, en esos casos, la toma de consciencia coincide con el sepelio.
Huelga decir que peor momento no habríamos escogido para quedarnos sin un Estado fuerte, cuando el planeta se encuentra, como bien apunta Save Democracy, bajo la “Política Imperial Descarnada en un Mundo en Redefinición”.
¿Qué hacer?, por lo pronto ir hacia el discurso experto para encontrar rutas acción; un discurso que, en un país donde la empobrecida política hace tiempo que abandonó el debate de fondo, por fortuna todavía lo podemos encontrar en la academia, con ideólogos serios, comprometidos con defensa de la democracia constitucional, precursores de esa República Democrática, laica, social y de derecho, que México merece alcanzar. En su más reciente libro Diego Valadés escribe[3]:
“Este mosaico de problemas, ocasionados en buena medida por haber truncado el avance democrático, nos ha llevado a un déficit de gobernabilidad acentuado por el acoso a las instituciones desde la presidencia de la República. En tal situación el futuro requerirá la reconstrucción del Estado mexicano. Es posible reformar para mejorar lo que funciona, pero cuando lo que resulta disfuncional es el gobierno mismo, se requiere reedificar el entramado institucional completo. El Estado mexicano subsiste, pero alejado de los supuestos del Estado constitucional.”
[1] Voto nulo y no marcado sumaron 26.6 millones en elección de ministros. Expansión política 5/6/2025. https://politica.expansion.mx/mexico/2025/06/05/voto-nulo-y-no-marcado-sumaron-26-6-millones-en-eleccion-de-ministros
[2] “(…) qué proporción del valor económico generado anualmente termina en los bolsillos de los trabajadores. Durante todo el año 2024, esta proporción alcanzó el 30 por ciento del PIB, un nivel récord desde que se lleva a cabo esta medición. De manera aún más notable, en el cuarto trimestre del año pasado, esta participación se elevó hasta 31.8 por ciento. Estos números destacan significativamente si se comparan con registros anteriores: al cierre del sexenio de Vicente Fox, esta participación fue del 25.8 por ciento; con Felipe Calderón se ubicó en 25.4 por ciento, y al término del mandato de Peña Nieto cayó hasta 24.7 por ciento”. Los trabajadores están ganando más con la 4T. El Financiero, junio 5, 2025
[3] Diego Valadés. Ver página 6. Constitución y Gobernabilidad. Consideraciones para reconstruir el Estado constitucional en México. IIJ UNAM México 2025
