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ROGER LAID
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas. En Chiapas debe quedar claro un principio elemental: ningún servidor público debe utilizar la imagen del gobernador para promoverse, posicionarse o realizar actividades con impacto político, amparándose en su cargo o en supuestas tareas institucionales.
Hoy existe una queja legítima contra un funcionario del gobierno estatal que ha difundido materiales y actividades donde aparece con la imagen del titular del Ejecutivo, en un contexto que ya no es meramente informativo, sino claramente promocional, lo que abre la puerta a una posible violación a la legislación electoral.
Me refiero a Jovani Salazar, titular de la Agencia Digital Tecnológica del Estado, quien debe ser citado por las autoridades electorales y, de manera previa, por la Secretaría Anticorrupción. No como un acto político, sino como una obligación institucional. Además de ser señalado de repartir despensas en una colonia de la delegación Terán.
La línea entre informar y hacer propaganda es muy clara: Cuando la comunicación deja de ser institucional y comienza a personalizarse, deja de ser comunicación de gobierno y se convierte en promoción indebida.
De manera muy concreta, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Constitución prohíben la promoción personalizada de servidores públicos y ordenan que la propaganda gubernamental se rija por los principios de imparcialidad y neutralidad.
Eso es todo. No hay interpretación política posible.
El problema no es que se informe. El problema es quién aparece, cómo aparece y con qué intención aparece.
Cuando un funcionario como el titular de la Agencia Digital Tecnológica del Estado Jovani Salazar utiliza la imagen del gobernador para proyectarse públicamente, está usando un activo institucional que no le pertenece, y está colocando al aparato del Estado en una lógica que la ley expresamente busca evitar: la de la ventaja política indebida.
Esta queja es directa y en contra de un servidor público que, desde su cargo, está cruzando una línea legal que pone en riesgo la equidad y la credibilidad de las propias instituciones además de comprometer el trabajo puntual que realiza el gobierno en su conjunto.
En tiempos donde se exige congruencia, la legalidad no puede ser selectiva.
Si la ley electoral existe, es precisamente para impedir que el poder se utilice como plataforma de promoción personal ¿o acaso el titular de la Agencia Digital tecnológica del Estado Jovani Salazar no está en frecuencia con el gobierno y no le interesa comprometerlo?
Por eso, antes de que el problema escale, también corresponde a la Secretaría Anticorrupción iniciar una revisión formal sobre el uso de recursos, personal y logística de la Agencia Digital Tecnológica, y al órgano electoral competente valorar si existen actos anticipados de promoción o posicionamiento personal. (Aunque la evidencia es clara).
No se trata de una cacería. Se trata de poner un límite claro.
Seguros estamos que le aplicaran la ley, ya que hemos observado que el gobierno se las aplica parejo, se le aplica también a los cercanos, a los visibles y a los que también se mueven como “suspirantes”.
Hoy, el caso de Jovani Salazar es una prueba concreta de congruencia institucional.
Si se deja pasar, no sólo se debilita la legalidad electoral; se debilita el mensaje central de este nuevo gobierno: que el servicio público no es un trampolín político, sino una responsabilidad frente a la ciudadanía.
Puntos Suspensivos…
“Mantengamos los horarios de fin de semana, máximo hasta las 02:00 no debemos estar haciendo nada después de esa hora, después de las 02:00 ya los hijos no se están divirtiendo sanamente, ya a las 02:00 deben estar en su casa…” Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas… En crecimiento la asociación: Periodistas Unidos de Chiapas (PUCH) un grupo de amigos que están coincidiendo en muchas ideas y que además mantiene su fortaleza en la credibilidad y el trabajo profesional.
Opiniones, quejas y sugerencias al 9611897730
miembro de periodistas Unidos de Chiapas (PUCH)
