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ROGER LAID*
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas. La inteligencia artificial ha entrado de lleno en la disputa política, no para elevar el debate público, sino para perfeccionar una práctica vieja: la fabricación de mentiras con apariencia de prueba.
Hoy se generan audios, imágenes y videos falsos que atribuyen declaraciones inexistentes a servidores públicos, actores políticos y líderes sociales.
El problema ya no es solo la desinformación, sino la creación deliberada de “evidencias” que nunca ocurrieron.
En Chiapas, esta práctica comienza a normalizarse en redes sociales, servicios de mensajería privada y en páginas “balines”.
Circulan audios que aparentan ser grabaciones de funcionarios, supuestos mensajes internos y declaraciones manipuladas que buscan generar escándalo, desgaste institucional o posicionamiento político. No se trata de errores de interpretación. Se trata de fabricación.
El marco jurídico mexicano no está desarmado como se quiere hacer creer.
El artículo 6° de la Constitución reconoce el derecho de acceso a la información y a recibir información veraz. El artículo 7° constitucional protege la libertad de expresión, pero también deja claro que ésta no es absoluta cuando se afectan derechos de terceros. Y, de manera directa en materia política, el artículo 41, Base III, apartado C, establece que la propaganda política o electoral no puede calumniar a personas ni instituciones.
La ley no se fija en la tecnología utilizada, sino en el efecto jurídico de la conducta.
En el ámbito penal-electoral, la Ley General en Materia de Delitos Electorales permite sancionar conductas que, mediante engaño o manipulación, busquen alterar la equidad en la contienda o inducir al error al electorado.
La clave es entender que la inteligencia artificial no es un vacío legal: es un nuevo instrumento para cometer viejas infracciones.
Existen además responsabilidades civiles. Cuando se atribuyen hechos o declaraciones falsas a una persona, se configura el daño moral, previsto en el Código Civil Federal y en los códigos civiles locales, con independencia de que el contenido haya sido producido por una máquina.
Los datos son contundentes. Diversos informes internacionales sobre ciberseguridad advierten que los contenidos falsificados con IA se han convertido en uno de los principales vectores de fraude informativo y político en redes sociales, particularmente en procesos electorales locales, donde la capacidad de verificación institucional es menor y el impacto reputacional es mayor.
El ejemplo más visible en Chiapas no es un gran escándalo nacional, sino una práctica cotidiana: audios falsos difundidos en cadenas de WhatsApp, supuestos mensajes internos de dependencias públicas y videos editados que buscan presentar frases que nunca fueron pronunciadas. El efecto es el mismo: confusión social, linchamiento digital y deterioro de la credibilidad pública.
Lo más delicado es que este tipo de contenidos ya no se perciben como rumores, sino como “pruebas”. Y ese es el verdadero cambio de época.
La propaganda negra tradicional requería cuando menos una grabación real manipulada. Hoy basta con entrenar una voz, clonar un rostro y escribir un guion.
En materia electoral, esto debe encender una alerta inmediata. La autoridad administrativa tiene facultades para ordenar el retiro de contenidos ilícitos, iniciar procedimientos especiales sancionadores y, en su caso, dar vista a las fiscalías. Las plataformas digitales no pueden seguir siendo tratadas como un espacio ajeno a la legalidad electoral.
En el plano penal, las fiscalías estatales —incluida la de Chiapas— están obligadas a desarrollar capacidades periciales en análisis forense digital, identificación de “fakes new” y rastreo de cuentas que operan campañas de desinformación coordinada, actividades propias de la policía cibernética, por ejemplo.
Porque no estamos ante simples conflictos entre particulares.
Estamos ante una nueva modalidad de violencia política informativa.
En un estado que durante años padeció el silencio frente a la corrupción y la simulación institucional, permitir que la mentira artificial se convierta en un arma cotidiana sería un retroceso profundo. No se puede construir un nuevo discurso público mientras se tolera que cualquiera fabrique declaraciones inexistentes para destruir reputaciones o alterar el debate.
El dilema para Chiapas no es tecnológico. Es político.
O las instituciones entienden que la mentira digital es una amenaza directa a la gobernabilidad democrática, o la inteligencia artificial terminará siendo el principal operador de la guerra sucia local.
Hoy la democracia ya no se defiende solo con libertad de expresión.
Se defiende con capacidad real para sancionar el engaño.
Ese es el punto. Y también la coma.
Puntos Suspensivos…
Permitir el abuso de la “Inteligencia Artificial” en estos tiempos, es darle paso al engaño, a la mentira promoviendo el desinterés por la verdad, alimentando espacios de desinformación que están generando opiniones erróneas.
Opiniones quejas y sugerencias al 9611897730
*Miembro de la asociación Periodistas Unidos de Chiapas (PUCH)
