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ROGER LAID
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.
“Nuestros mandos de las policías estatales, estaban al servicio de la delincuencia, pero eso ya se acabó… ya se acabó”
Esas fueron las palabras del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al otro día fueron detenidos varios policías, el combate a la corrupción ha dejado de ser politiquería o simples palabras.
Durante años, en Chiapas hablar de combate a la corrupción y a la impunidad fue, en el mejor de los casos, un ejercicio retórico. Se señalaban prácticas del pasado, se prometían cambios, pero rara vez se actuaba de manera frontal contra quienes, desde el poder, traicionaron la confianza pública. La consigna parecía clara: no tocar a los de casa, no incomodar al sistema.
Hoy ese escenario comienza a modificarse.
En un año, se han detenido promedio de 1000 funcionarios públicos estatales y municipales, más de 200 han sido dados de baja, otros enfrentan procesos administrativos y casi 800 fueron encarcelados recuperando algunos su libertad.
Estos números no son anécdotas. Son parte de una depuración sin precedentes que ha alcanzado incluso a mandos y agentes señalados por filtración de información, protección a grupos criminales o ejercicio ilegal de funciones.
Bajo la instrucción directa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el combate a la corrupción ha dejado de ser un discurso políticamente correcto para convertirse en una línea de acción abierta, visible y, sobre todo, con consecuencias. Por primera vez en mucho tiempo, en Chiapas se manda un mensaje claro: el cargo no otorga inmunidad y la cercanía política no garantiza impunidad.
El caso reciente del alcalde en funciones de Cintalapa de Figueroa, profesor Ernesto Cruz, es un ejemplo contundente de este cambio de rumbo. Su detención y envío a prisión preventiva, por presuntos hechos de corrupción denunciados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y posibles vínculos con grupos delictivos investigados por la Fiscalía General del estado (FGR) rompe con una vieja práctica de tolerancia que durante años protegió a funcionarios aun frente a señalamientos graves. Antes, en esta administración, ya se han llamado a cuentas a tesoreros, síndicos y otros funcionarios.
No se trata de una condena anticipada —eso les corresponde a las autoridades judiciales—, sino del reconocimiento de que hoy sí se investiga y se actúa.
Este hecho marca un antes y un después. En gobiernos anteriores, casos similares se diluían entre expedientes extraviados, acuerdos políticos o silencios convenientes. La corrupción se administraba; la impunidad se normalizaba. Hoy, el mensaje institucional es distinto: quien abuse del poder enfrentará la ley, sin importar el cargo que ostente.
DECISIONES INCÓMODAS
Es importante subrayar: el verdadero combate a la corrupción no se mide por discursos encendidos ni por conferencias de prensa, sino por decisiones incómodas. Detener a un alcalde en funciones no es un acto menor; es una señal de voluntad política y de ruptura con inercias profundamente arraigadas.
Chiapas arrastra una historia de desigualdad, violencia e instituciones debilitadas en gran medida por la corrupción. Combatirla de manera real no solo es una exigencia ética, sino una condición indispensable para recuperar la confianza ciudadana y sentar bases de gobernabilidad.
El reto ahora es la consistencia. Que este caso no sea una excepción, sino el inicio de una política sostenida. Que las investigaciones sigan su curso, que las responsabilidades se finquen y que la justicia no tenga apellidos ni colores.
Porque solo así, cuando la ley alcanza a quienes antes parecían intocables, el combate a la corrupción deja de ser promesa y comienza a convertirse en realidad, Eduardo Ramírez lo sabe y está cumpliendo, aunque la corrupción no tiene su punto de inicio en el gobierno, la sociedad es la otra parte.
Puntos Suspensivos…
Dos funcionarios que se decían cercanos al gobernador y uno anda huyendo Miguel Prado de los Santos por actos de corrupción en el COBACH y con la cola y manos amarradas al ex director del ISSTECH Armando Barrios Fierro y Carmelita Fernández Benamente, de BAFI aún no sabemos si la revisión a su corta administración está por llegar al escritorio de la ASE…Congreso del Estado en su comisión permanente nombró presidenta municipal de Cintalapa ante el cambio de código postal del profe Cruz, a la primera regidora Eva Elia Guzmán Gutiérrez.
Opiniones, quejas y sugerencias al 9611897730
Miembro de periodistas Unidos de Chiapas (PUCH)
