>> Paquete de fin de sexenio
>> La Constitución, ante todo: Pérez Dayán
>> Polarización, capital para las reformas
AGUSTÍN VARGAS*
El pasado lunes 5 de febrero y a escasos ocho meses de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión su multicitado paquete de 20 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Especialistas y opositores de diversos partidos políticos y empresariales, advierten desde ahora que las iniciativas presidenciales fueron elaboradas al mejor y puro estilo del inquilino de Palacio Nacional, o sea plagadas de ocurrencias, sensacionalismo y demagogia, tal como ha sido el estilo de gobernar del señor AMLO.
Es un hecho, sin embargo, que el paquete de 20 iniciativas de reformas a la Constitución y leyes secundarias, de ser aprobado en los términos que desea el Ejecutivo, impactaría la estructura del gobierno, la división de poderes, el régimen democrático y la competitividad del país.
Será difícil conseguir un ambiente de reflexión sereno e imparcial para analizar las iniciativas y discutirlas en el actual contexto polarizado y los tiempos electorales que vivimos, pero es quizá lo que pretende el mandatario para dar un albazo de fin de sexenio en el Congreso, con sus secuaces morenistas y aliados, a lo que para él sería su nueva Constitución.
Se requiere tiempo para revisar detenidamente el contenido de las iniciativas, porque de lo que se trata es mantener incólume la división de poderes, fortalecer la democracia, la competitividad, la certidumbre jurídica, incentivar las inversiones y la creación de empleos bien remunerados, así como dar cumplimiento a los acuerdos comerciales de los que México forma parte.
En particular, las propuestas relacionadas con la integración y facultades del Poder Judicial, la organización electoral, la integración del Poder Legislativo y la desaparición de los órganos reguladores con autonomía constitucional, representan modificaciones profundas que trastocan el régimen político que hemos construido con contrapesos y equilibrios democráticos, y que deben, en su caso, ser producto de un amplio consenso en torno a principios que unan y no dividan aún más a los a los mexicanos.
El paquete de 20 reformas que se entregó a la Cámara de Diputados, modifica 14 artículos de la Constitución con lo que busca transferir, entre otras cosas, las atribuciones de los órganos autónomos a cinco Secretarías de Estado, así como a organismos como el Inegi.
Por tratarse de una reforma constitucional, requiere de la mayoría calificada, es decir, el voto de tres cuartas partes de los integrantes del Congreso y Morena y aliados no los reúne, por lo que necesitaría del apoyo de la oposición. Sin embargo, en lo que se refiere a órganos autónomos, los partidos del PAN, PRI y PRD, así como Movimiento Ciudadano han rechazado la propuesta, pues han dicho que con ello busca eliminar los contrapesos al poder presidencial.
Jesús Zambrano, presidente del PRD y quien conoce muy de cerca el actuar del presidente López Obrador cuando éste fue integrante de ese partido y luego lo desmanteló para crear Morena, fue directo al referirse en su cuenta de X a las iniciativas que presentó el señor de Palacio Nacional: “Como ya se preveía, las iniciativas constitucionales que presentó el presidente @lopezobrador_ son pura demagogia, parte de su estrategia de distracción como jefe de campaña que es, aunado a que son regresivas y atentan contra la división de poderes y las instituciones democráticas”.
La Constitución por encima de todo
Como era de esperarse, la conmemoración del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución, en la ciudad de Querétaro, transcurrió en un ambiente tenso debido a los ataques y hasta insultos que han recibido los integrantes del Poder Judicial por parte del presidente López Obrador.
El Teatro de la República fue el escenario para que el ministro de la Suprema Corté de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán, quien acudió en representación de la presidenta Norma Piña a la ceremonia, enviara un rotundo mensaje al señor de Palacio, al destacar que por encima de la Constitución no puede estar ningún poder y no se debe permitir que eso se olvide.
Entre el paquete de reformas de AMLO, la más destacadas es con la que busca un cambio al Poder Judicial con la elección de manera directa de los jueces, magistrados y ministros.
La mayor parte del discurso del ministro Pérez Dayán fue con dedicatoria a López Obrador, y parafraseó un texto del escritor Alexander Hamilton redactado en 1788: “La Constitución es una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces”. Y sostuvo el ministro de la Corte: “El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie, no permitamos que esto se olvida o se confunda”.
Precisó que la Constitución, que se conmemora fue aquella que le dio a la Suprema Corte las facultades para invalidad cualquier acto que no la respete independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna.
Pérez Dayán señaló que los magistrados no deben ser elegidos mediante el voto popular, además de que tienen que ser independientes y no van a representar a la opinión pública.
“El magistrado no es igual al diputado o al senador, el magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio, simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social”, indicó.
En más de una ocasión diversos diputados –de los de antes, los que al menos hacían como que trabajaban y les importaba el país—, me comentaron que cualquier iniciativa de reforma legal o constitucional, tenía elevados costos económicos y era por esta causa que no se instrumentaban y menos se llevaban a cabo.
El reciente paquete de 20 reformas que presentó López Obrador, además de estar plagado de ocurrencias con las que pretende imprimirle su sello a la Constitución mexicana antes de finalizar su mandato, no define sustentos económicos sólidos para llevarlas a cabo. El principal capital de sus reformas es, otra vez, la polarización social.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx