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>> Pemex presiona el gasto social
AGUSTÍN VARGAS*. Apenas hace un par de días se dio a conocer que durante junio México recibió 5,153 millones de dólares (md) por concepto de remesas familiares, lo que equivale a un aumento de 15.6% respecto del mismo mes del año previo y es el segundo monto más elevado de remesas por detrás de lo percibido en el pasado mes de mayo, que fue de 5,172 md.
Durante los primeros 6 meses del año, las remesas sumaron 27,565 millones de dólares, lo que equivale a un aumento de 16.6% respecto del primer semestre de 2021. Jalisco (2,620 md), Michoacán (2,540 md) y Guanajuato (2,392 md) se mantienen como los tres principales estados receptores de remesas en México. Estos tres estados en conjunto con el Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, concentraron 54% de las remesas a nivel nacional.
Si bien las remesas han sido un gran alivio para muchas familias que se encuentran en situación vulnerable, representan también la expulsión de millones de trabajadores mexicanos, muchos de ellos calificadas, que no encuentran oportunidades labores en nuestro país. Esto último no es para vanagloriarse, como suelen hacerlo desde Palacio Nacional.
Las remesas como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) es un buen indicador de la dependencia que tiene un país o una entidad federativa de dichos ingresos. En México, las remesas representaron 3.8% de su PIB en 2020, y en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Nayarit las remesas ascendieron a más de 10% del Valor Agregado Bruto estatal.
Otra manera de cuantificar la magnitud que representan las remesas para una entidad federativa es comparando el volumen de este flujo monetario en relación al total de los ingresos estatales, entendiendo éstos como el total de recursos económicos que tiene una entidad para el cumplimiento de todos los bienes y servicios públicos prestados a su población, como son: educación, salud, justicia, seguridad, alumbrado público, nómina de funcionarios públicos, infraestructura, programas sociales y asistencia social, entre otros.
Mueven economías regionales
De acuerdo con información del Inegi, el 79% del total de los recursos que ejercieron las entidades federativas en 2020 provinieron de la Federación como retribución del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 44.0% fueron por aportaciones federales y 35.0% por participaciones federales.
La principal diferencia entre ambas partidas presupuestarias es que en las primeras las entidades y los municipios pueden ejercerlas libremente, mientras que en las segundas su uso está etiquetado (educación, salud, infraestructura, etc.). Otras fuentes relevantes de ingreso de las entidades son el financiamiento (7.3%), impuestos locales (6.7%) y derechos (3.2%).
En 2020, en Michoacán, por ejemplo, los ingresos públicos estatales ascendieron a casi 83 mil millones de pesos, que equivalieron a 3,849 millones de dólares, y en ese mismo año el estado recibió 4,056 millones de dólares por concepto de remesas. Esto indica que las remesas a Michoacán fueron mayores que todos sus ingresos estatales, por lo que en ese estado las remesas mueven más actividad económica que todo el gasto público estatal.
Le siguen en orden de importante Guanajuato, en donde las remesas representaron 80.5% de los ingresos estatales en 2020, Zacatecas en tercer lugar con 78.0% y Jalisco en cuarto con 68.0%. Además de estas 4 entidades, hay otros 5 estados en donde las remesas representaron más de 50% de los ingresos estatales: San Luis Potosí, Guerrero, Nayarit, Durango y Morelos.
Pese al tamaño de su economía, los ingresos públicos de la Ciudad de México no son proporcionalmente tan elevados, razón por la cual las remesas representaron 21.0% de sus ingresos públicos. Quintana Roo (9.4%), Tabasco (10.2%), Campeche (10.4%) y Yucatán (12.2%) fueron las entidades en las cuales las remesas representaron una menor proporción de los ingresos públicos estatales, aunque se sabe que estas entidades están expulsando cada vez más un mayor número de trabajadores al extranjero, en busca de oportunidades laborales.
Pemex presiona el gasto social
De acuerdo con el Monitor de Finanzas Públicas, elaborado por el área de análisis del BBVA, los ingresos públicos al segundo trimestre del año fueron superiores a lo programado debido principalmente a la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el desempeño de los ingresos no tributarios y los mayores ingresos petroleros. No obstante, los estímulos adicionales al Impuestos sobre Producción y Servicios (IEPS) de combustibles implicaron una pérdida recaudatoria de 166,409 millones de pesos con respecto al programa
La SHCP estima que la pérdida recaudatoria anual por estos estímulos se sitúe en alrededor de 421,600 millones de pesos (1.5% del PIB). Como se prevé que los ingresos petroleros estarán 368,710 millones de pesos (1.3% del PIB) por encima del programa, este excedente no será suficiente para compensar la pérdida recaudatoria por el IEPS de combustibles en 2022.
Pese a ello, el Gobierno Federal tiene la expectativa de que los ingresos públicos totales sean 313,742 millones de pesos (1.1% del PIB) mayores a lo programado, por el favorable desempeño también previsto para los ingresos no tributarios y los correspondientes a organismos y empresas distintas de Pemex.
Para cumplir con la meta de déficit público para este año, el gobierno planea gastar todo el excedente de ingresos públicos totales previsto para 2022.
En particular, incrementará el gasto con respecto al programa en inversión financiera, pensiones y participaciones, costo financiero y otros gastos. La participación de cada uno de estos rubros con respecto al excedente total de gasto sería de 25.3%, 6.4%, 23.2% y 45.1%, respectivamente.
Estos porcentajes revelan que las mayores presiones sobre el gasto público en 2022 provienen de la inversión financiera y el costo financiero de la deuda pública, lo cual no resulta sorprendente ante la política gubernamental de continuar haciendo aportaciones patrimoniales a Pemex y los incrementos en las tasas de interés a nivel internacional.
Si bien es conveniente (por los menores costos financieros) que el Gobierno Federal haga estas aportaciones para el pago de las amortizaciones de la deuda financiera de Pemex, según Arnulfo Rodríguez, analista del BBVA, esta estrategia podría ser más difícil de implementar en un escenario caracterizado por un menor crecimiento económico global, la persistencia de altos niveles de inflación y las consecuentes mayores presiones sobre el gasto social.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
