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AGUSTÍN VARGAS*
A 86 años de su fundación, Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra en el peor momento de su historia, no sólo por los graves problemas financieros que la aquejan y el elevado nivel de endeudamiento sino también por sus descarados niveles de corrupción, que han escalado aún más durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y que la mantienen desde hace años en quiebra técnica.
La ceremonia del lunes 18 de marzo con motivo del aniversario 86 de la expropiación petrolera, que encabezó el señor de Palacio, más que una celebración y expresiones de júbilo por el histórico acontecimiento, semejó una reunión fúnebre, en donde la realidad de la empresa petrolera superó una vez más la fantasía gubernamental.
El señor López Obrador no pudo presumir que cumplió uno de sus principales compromisos en materia petrolera, o sea dejar de importar gasolinas y lograr la soberanía energética, y menos bajar el precio de los combustibles, principalmente gasolinas y diesel.
Lejos de eso, deja a la petrolera mexicana con una creciente deuda (en los últimos 12 años se ha elevado 157.8%), el desplome en la extracción de crudo, refinerías trabajando a la mitad de su capacidad y otra construida, pero que no funciona, así como inagotables subsidios por parte del Gobierno Federal.
Deuda histórica
Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reveló que el saldo total bruto de la deuda de Pemex al cierre del 2023 se ubicó en 1.79 billones de pesos, cifra 157% mayor a la observada en 2011que se tenía al terminar 2011, aunque dicha cifra resulta 14% menor al saldo que se tenía al cierre de 2022.
En el informe Pemex en la Mira, el IMCO destacó que el desempeño operativo de la petrolera, entre enero y diciembre de 2023 no fue tan satisfactorio, pues Pemex y sus socios extrajeron la menor cantidad registrada de petróleo crudo (sin incluir condensados) para un periodo similar en los últimos 13 años.
En ese periodo, que va de 2011 al año pasado, Pemex extrajo un promedio de 1.5 millones de barriles diarios de crudo, lo que significa un desplome de 5.8%, equivalente a 99 mil barriles diarios, a los reportados en 2022.
Desde 2019, es decir, durante el sexenio de López Obrador, “se estima que el Gobierno federal ha apoyado a Pemex con un total de 1.65 billones de pesos, desglosados en 1.15 billones por apoyos directos, como aportaciones de capital, estímulos fiscales y otras ayudas, lo cual se contabilizan en sus estados financieros y 500 mil millones de pesos por recursos que la propia petrolera calcula que ha dejado de pagar al Estado”.
El Imco resalta que tan solo el año pasado, Pemex, que dirige el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, recibió subsidios por 166 mil millones de pesos y beneficios fiscales por 91 mil millones de pesos.
Ese organismo destaca que “a lo largo de los últimos 13 años se observa un deterioro continuo del patrimonio neto o capital contable de Pemex, como resultado principalmente de las pérdidas recurrentes reportadas por la empresa”.
Pemex también tiene el saldo de deuda a proveedores con mayor nivel desde hace 13 años, pues al “cierre del cuarto trimestre de 2023, el saldo de las obligaciones que la empresa debe pagar a proveedores y contratistas en el plazo de menos de un año fue de 359.8 mil millones de pesos.
Este monto es 27.5% mayor a lo indicado en 2022 (lo que equivale a 77.5 mil millones de pesos), y 575% superior a la cifra de 2011, que era por un total de 53 mil millones de dólares.
Propuestas no promesas
En un país con un estado de derecho débil es natural que diversos tipos de delitos se incrementen, aunque la preocupación aumenta cuando se percibe que las acciones de las autoridades y propuestas políticas para hacer frente a esta problemática no se coordinan de manera adecuada o no cuentan con recursos suficientes, lo que puede beneficiar más a grupos delictivos que a la población en general.
De acuerdo con el World Justice Project, “Un estado de derecho eficaz reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de injusticias grandes y pequeñas. Es la base de comunidades de justicia, oportunidades, y la paz, sustentando el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto por los derechos fundamentales”.
Lo preocupante es que, sin un combate frontal y exitoso por parte de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, no será posible establecer un ambiente social y de negocios en el que prive la libertad y facilidad de emprender y el incentivo de invertir en busca de mayor utilidad, productividad y beneficio para la actividad productiva y la generación de empleos.
Además de las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, que indican que en lo que va del sexenio el número de víctimas ha ido en ascenso, información del Tresearch Intenational señala que en los 64 meses del presente sexenio se acumulan más de 181 mil homicidios dolosos, cifra que supera los reportados en el mismo lapso de los cinco gobiernos anteriores.
Organismos internacionales también hacen evidente el deterioro del entorno social de México. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho WJP 2023, elaborado por el World Justice Project, México se ubicó en la posición 116, de un universo de 142 naciones, como uno de los países con mayor debilidad en materia de estado de derecho que, si bien significó la pérdida de solo un lugar respecto el reporte previo, comparado con 2019 muestra una pérdida de 17 posiciones.
México ocupó lugares significativamente bajos en siete de los ocho factores que integran este indicador, resaltando cuatro temas que hacen evidente la gravedad de la situación de nuestro país: En materia de corrupción, México se ubicó en el lugar 136; en justicia criminal en el 132; en justicia civil en el 131 y en orden y seguridad en el 133.
Asimismo, de acuerdo con el Índice de Percepción sobre la Corrupción 2023 elaborado por Transparencia Internacional, México se ubicó en la posición 126 de un universo de 180 países, con lo que además de mantenerse en el mismo sitio por cuarto año consecutivo, es el peor país evaluado entre las naciones que conforman la OCDE.
La facilidad con que quienes atentan contra las leyes se libran de enfrentar algún castigo, sólo estimula un entorno de inseguridad física, patrimonial y de baja productividad que inhibe innumerables intentos de lograr una mejor calidad de vida de los hogares mediante el emprendimiento.
Sería útil que, durante el periodo electoral rumbo a la presidencia, se consideraran propuestas serias de acciones específicas, planeadas y estructuradas para sanear el entorno de corrupción, impunidad e ilegalidad que persiste en el país.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
