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>> Viviendas de alto riesgo
>> Demandan plan emergente
>> Mercado inmobiliario a la baja
>> Industria automotriz, otro golpe
AGUSTÍN VARGAS*. Han pasado 37 años de distancia del fatídico 19 de septiembre de 1985 y un lustro del también fatal 19 de septiembre de 2017, en el que un terremoto de gran magnitud sacudió la capital del país y dejó grandes daños y pérdidas humanas. Desafortunadamente, el peligro sigue latente para miles de familias capitalinas que habitan viviendas catalogadas de alto riesgo, sin que haya un plan emergente para su atención.
De acuerdo con información del Inegi, al cierre del 2020 en la Ciudad de México existía un déficit de 56.8% de la población que no cuenta con acceso a una vivienda, mientras que un 37.8% acude a un préstamo informal o recursos propios, y sólo un 12.2% podría solicitar un crédito a una institución privada.
La vivienda en la Ciudad de México es considerada como pequeña cuyo promedio se encuentra sobre los 56 metros cuadrados, mientras que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) sólo financia 48 metros cuadrados, incluso por debajo del promedio general.
El asunto no termina ahí, pues de ese parque habitacional alrededor de 44.2% de las viviendas construidas presenta algún tipo de deformaciones, filtraciones o agrietamientos; el 40.8% son filtraciones o cuarteaduras, el 16.2% grietas y fracturas, daños que además de comprometer la salud de quienes en ellas habitan, atentan de manera directa contra su vida.
El tema es que a 37 años de ese terremoto, no se han logrado sanar, ya no digamos las heridas por las pérdidas humanas, sino tampoco arreglar desperfectos estructurales de muchos inmuebles que resultaron dañados e incluso todavía es común ver a damnificados que claman ayuda. Es justo decirlo también que los terremotos han servido para que muchos políticos y funcionarios lucren con la tragedia y se apropien de los recursos públicos que se han destinado a labores de reconstrucción.
Ante esta situación, el pasado lunes 19 de septiembre organizaciones sociales integrantes del Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México, se pronunciaron a favor de la instrumentación y aplicación de un plan emergente de atención a las viviendas catalogadas de alto riesgo; incremento al presupuesto anual para la construcción de vivienda nueva y atención y desahogo de la agenda de predios para expropiación.
Mercado inmobiliario a la baja
Y más sobre el tema de viviendas, pero en Estados Unidos, el indicador de expectativas del mercado inmobiliario en aquella nación continuó a la baja. El “Housing Market Index”, que mide las perspectivas de la demanda de construcción de inmuebles de uso familiar, registró una lectura de 47 puntos para septiembre, por debajo de los 50 puntos donde los constructores consideran que las perspectivas son positivas.
Con ello se acumulan dos meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos. El indicador mostró una importante recuperación después de los primeros meses de la pandemia (en abril descendió a 30 puntos) para fluctuar en alrededor de 83 puntos.
No obstante, a partir de diciembre de 2021 ha mostrado una desaceleración persistente, apuntando a que el sector de la construcción de viviendas podría reducir su actividad en los meses siguientes.
Industria automotriz, otro golpe
Representantes de la industria automotriz han intentado, de manera infructuosa, reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle los efectos nocivos del decreto decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.
Por respuesta, los empresarios han recibido golpes, como el propinado la tarde del pasado lunes 19 de este mes, cuando en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el Gobierno Federal publicó la ampliación de dicho decreto hasta finales de 2022 y no sólo eso, agregó a Jalisco a las entidades donde se podrá legalizar el contrabando automotriz.
Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), se quejó de que el gobierno no ha hecho nada por restringir la entrada de vehículos usados ilegales, por lo que el fenómeno no sólo continúa sino que se ha ampliado a más entidades, incluso en las que ni siquiera existe una base amplia de vehículos ilegales.
De acuerdo con la AMDA, sólo e enero a julio de este año el número se han importado ilegalmente a México 123 mil 686 unidades importadas desde Estados Unidos y Canadá, un incremento del 33.9% con relación al mismo periodo de un año antes.
A este número se suman las 500 mil unidades de contrabando que la AMDA estima ya regularizó el gobierno. Al final del 2022, según los cálculos de ese organismo, se habrán integrado al parque vehicular nacional casi un millón de automóviles y camionetas usadas, la mayoría en pésimas condiciones y generando una sobreoferta con bajas de hasta 20% en el precio de automotores nacionales de similar marca y modelo de propietarios que formalmente han pagado todas sus contribuciones.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
