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EDUARDO MERAZ
Al grito de “todos contra la pared”, luego del recule del gober de Nuevo León, Samuel García, varios distinguidos políticos hacen todo lo posible por cuidarse las espaldas en caso de ser investigados por ciertos pecadillos financieros o conflictos de interés.
Los ejemplos de Uriel Carmona y de Ernestina Godoy ilustran a plenitud cómo por sí o por interpósitas personas, buscan la protección del cargo y, de esa forma, evitar ser juzgados por sus acciones, junto con otros funcionarios, como fiscales.
Y no nada más ocurre con estos personajes, sino que forman parte de todo un entramado en el cual el cuatroteísmo quedaría expuesto por su incapacidad gubernativa, pero elevada capacidad para esconder manejos inapropiados de recursos públicos.
Ante la cercanía de las elecciones para renovar los poderes ejecutivo y legislativo federales, nueve gubernaturas y alrededor de 20 mil cargos, la ciudadanía lleva a cabo una tarea de revisión de quienes dicen representarlos.
La evaluación social de las autoridades de parte de la población cobra especial relevancia, no únicamente en el caso del titular del ejecutivo, sino de quienes se comprometieron a resolver sus necesidades y darles protección.
Los indicadores económicos muestran que las actividades productivas no se desbarrancaron. Sin embargo, los servicios obligación del gobierno de proporcionarlos han sufrido un deterioro grave; y eso tiene un impacto importante en el estado de ánimo de la gente en el momento de votar.
Pero un aspecto en el cual ponen mayor atención es la honestidad de sus gobernantes que, en fechas recientes, han quedado en entredicho. Los medios de comunicación han dado cuenta del sinfín de tropelías de funcionarios y su parentela.
No debe extrañar, por tanto, que los aspirantes a cargos, ya sea de elección popular o en busca de incorporarse a futuras administraciones tratan de sacar los trapitos sucios de los adversarios o bien de meter a la lavandería sus propias historias.
Inclusive se ha llegado al extremo de lanzar amenazas veladas, con tal de proteger sus cotos y que no se descubran sus trapacerías o de sus protectores.
Y el ejemplo más burdo -aunque no debe causar sorpresa de alguien con sus antecedentes- es el ofrecido por el jefe de gobierno de la CDMX, Marti Batrés, al hablar sobre el “costo político” que sufrirán quienes se opongan a ratificar a Ernestina Godoy.
Así, el síndrome fosfo fosfo se adueña de la clase política, aunque los tenis naranja serán insuficientes para escapar a la justicia.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Conforme las cifras de sepulcros se acumulan, el presidente totalmente Palacio Nacional ya sólo alcanza a exclamar: “ya se acabó el tiempo”.
@Edumermo
