EDUARDO MERAZ. Difícilmente se puede asegurar vivimos o sufrimos el peor momento de la democracia en México, pero estamos, ni duda cabe, en una etapa de gran desbarajuste, con un ejecutivo prepotente, sin un auténtico equilibrio de poderes, partidos políticos lejos de ser entes de interés público y una sociedad polarizada y dividida, cuyas relaciones entre sí y con otros se basan en el insulto y la descalificación.
Escenario donde el oficialismo promueve y encuentra su razón de ser en el conflicto, acompañada de su intentona de imponer un punto de vista monocorde, pero sin proyecto definido, cuya principal tarea es defender el desastre generado por las decisiones caprichosas, sin ton ni son, emanadas de Palacio Nacional.
El hartazgo generado a lo largo de casi dos décadas del presente siglo, le dio oportunidad a una alternativa que supuestamente sería distinta, pero en el terreno de los hechos ha profundizado las desigualdades generadas por un modelo inequitativo.
Cuando tuvo la mayoría calificada en el Congreso, al oficialismo le faltó valor y destreza para ajustar las leyes y quitarles la inequidad; su actitud timorata, en cambio, se tradujo en el aumento en el número de pobres, no obstante los programas sociales, elevados a rango constitucional.
Y justo a la mitad del camino, cuando un buen número de mexicanos decidió quitarle la mayoría calificada en el Congreso, se envalentona y por todos los medios trata de brincarse el marco jurídico ante la pasividad o complacencia del poder judicial, lo cual deja sin protección, en el desamparo, a los mexicanos frente a un gobierno con intenciones de avasallar.
Así, vemos a la Suprema Corte resaltar su labor en asuntos menores, pero no dice ni pío cuando el ejecutivo y sus huestes pasan por encima de la Carta Magna; silencio culpable, por un pasado vergonzoso.
Todos los partidos políticos, por la ambición de sus dirigentes, han dejado de ser entidades de interés público. Convertidos en franquicias familiares o de grupo, más interesados en seguir succionando el dinero de los contribuyentes, vía las prerrogativas, también han abandonado las demandas de los ciudadanos.
Faltos de imaginación, los partidos opositores el único derrotero que han encontrado es declarar una “moratoria constitucional”. Esta especie de semi parálisis legislativa, de nada sirve por sí sola para contener la ilegalidad gubernamental.
Su negativa a abandonar la comodidad de curules y escaños, los ha hecho olvidarse de ejercer con firmeza y sin concesiones su obligación de vigilar el uso adecuado, correcto y transparente del gasto público, de respaldar a la sociedad y de estar en contacto con los grupos agraviados.
Está por demás decir que la prolongación de un escenario como el descrito de manera previa, terminaría por cancelar derechos y libertades de los mexicanos. A nadie conviene un presidencialismo excesivo, ni tampoco un legislativo dócil o negado a colaborar, mucho menos un poder judicial ausente o maniatado ni partidos políticos sin respaldo social.
Esperar a la culminación del gobierno actual, es desperdiciar tiempo valioso. Es menester que todos los actores sociales, políticos y económicos empiecen a explorar nuevos mecanismos o instrumentos para reanimar la vida democrática de México, lejos de visiones únicas y maniqueas.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Después de 100 horas del derrumbe de la mina carbonífera en Coahuila, el presidente sin nombre, sin gracia y sin lucidez acude a ver las labores de rescate y brindar apoyo a familiares de los mineros atrapados.
@Edumermo