PULSO/ Privilegiados

EDUARDO MERAZ. Tener el privilegio de ser el primer mandatario al cual el Congreso le desecha una reforma constitucional, detalle que sin duda lo hará pasar a los anales de la historia, es la causa del comportamiento destemplado de los días recientes del presidente sin nombre, sin estatua y sin gracia.

Aunque de manera fingida, en un principio, el habitante temporal del austerísimo Palacio Nacional consideró que el resultado de la votación en la Cámara de Diputados el  Domingo de (no) Resurrección, había sido un triunfo de la democracia. Expresión de brevísima temporalidad, antes de soltar sus acostumbradas diatribas.

El hecho de esgrimir el Código Penal para hablar sobre las sanciones a las que se hacen acreedores los traidores a la patria, habla del ardor generalizado que le provocó no ver cumplido uno de sus más caros caprichos, pues lo obliga a buscar vías alternas para favorecer a sus socios.

Hasta el momento, la acusación que el ejecutivo sin gracia y su claque de Morena tratan de endilgar a quienes rechazaron su iniciativa, carece de validez mientras no presenten pruebas fehacientes y un juzgador las analice y las califique. Hasta en tanto eso no ocurra, son exabruptos propios de la frustración.

Baste recordar que los 223 votos en sentido negativo para la susodicha reforma, están respaldados por 23.5 millones de ciudadanos que están en desacuerdo con el modito de gobernar del cuatroteísmo; cifra casi 15 por ciento mayor a la obtenida por el oficialismo en 2021.

En una democracia representativa como la mexicana, ese fue el mandato dado por ese número de ciudadanos al bloque opositor que integraría la LXV Legislatura: detener las locuras del presidente sin nombre y, en la medida de lo posible, defender y rescatar las instituciones republicanas, de la demolición que lleva a cabo el gobierno actual.

Bajo la lógica cuatroteísta, todos los contratos suscritos por la actual administración con empresas extranjeras, significa entregar los bienes de la nación y, por tanto, una traición a la patria, o -para ser menos dramáticos y pancheros- una felonía.

Y en estos casos, sí existen pruebas indubitables: los contratos suscritos con dichas empresas, como en ocurre con Baker Hughes, donde ha quedado de manifiesto el conflicto de interés del primogénito presidencial, al que también se le podría aplicar el apelativo en el que se quiere encuadrar a los diputados de oposición.

Así como en su momento las manifestaciones de descontento o contrarias a los designios del poder ejecutivo adquirieron en elevado grado simbólico, como #Yosoy132, #43, es muy probable que se empiece a gestar un movimiento reivindicativo #Somos223 en favor de la democracia y del equilibrio de poderes.

Privilegio que podrán presumir los iniciales 23.5 millones de ciudadanos de 2021, muy diferente al del mandatario sin gracia.

He dicho.

EFECTO DOMINÓ

Cada vez suenan más los rumores de nuevos cambios en el gobierno federal, sobre todo por sospechas de haber cometido actos ilícitos o de corrupción -o ambos. Los nominados para salir son: Delfina Gómez, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

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@Edumermo

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