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EDUARDO MERAZ. Prisioneros de su propio dogmatismo, los integrantes del oficialismo callan y acallan a su conciencia con tal de complacer los caprichos y los despropósitos del presidente sin nombre, sin gracia y sin lucidez de ajustar el marco legal a su voluntad, sin importar los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución.
Un claro ejemplo de ello, fue la instauración de la prisión preventiva oficiosa, sujeta a controversia constitucional en la Suprema Corte, pues según el mandatario sin este mecanismo justiciero, se preserva la impunidad y se fomenta la corrupción.
Después de algunos años, la fórmula propuesta por el presidente sin lucidez en realidad ha tenido tan poco efecto. Contar con la prisión preventiva oficiosa en nada ha contribuido a que alrededor del 95 por ciento de los delitos cometidos a lo largo y ancho del país permanezcan impunes.
Por el contrario, la recurrencia a hacer uso de este mecanismo ha propiciado un sobrecupo mayor en las instalaciones penitenciarias del país y que, en muchos casos, los internos ni siquiera hayan sido juzgados. Así es de que, por ese lado no es.
En el fondo, el particular interés presidencial por este asunto, a unos días de ventilarse en la Corte, poco tiene que ver con una búsqueda superior de la justicia; obedece más bien a cuestiones más terrenales y de índole electoral.
Ante la proximidad del cambio de gobierno, el presidente sin nombre quiere contar con herramientas punitivas para aplicarlas en caso de que el resultado final no sea de su agrado, pues los delitos electorales actualmente se encuentran entre los 16 que pueden ser objeto de prisión oficiosa.
La permanencia de esta medida cautelar y al gusto del mandatario sin gracia, tendría entre sus finalidades desalentar manifestaciones o movimientos de descontento de parte de los opositores por los resultados electorales.
El comunicado de la Secretaría de Gobernación es bastante ilustrativo al señalar que “dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”.
Si los ministros de la Suprema Corte determinan mantener los actuales términos del Artículo 19 Constitucional y preservar esta medida cautelar, estarían contribuyendo a la consolidación de un régimen de excepción, donde los derechos individuales y sociales quedan sujetos a la voluntad del soberano.
Aunque parezca exagerado, el ejemplo de Daniel Ortega en Nicaragua parece permear entre el cuatroteísmo más retrógrado y están dispuestos a seguir esos métodos, con tal de eternizarse en el poder al costo que sea.
Así, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa aunada a la pretensión de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y que ésta sea la única responsable de la seguridad pública, de la interior y de la nacional, dejaría en total desamparo a la ciudadanía.
La conjunción de ambos factores nos dejaría en calidad de prisioneros oficiosos a los ciudadanos , lo cual nos impediría hacer valer nuestros derechos, no sólo la presunción de inocencia sino, lo más grave, ejercer libremente y sin coacción nuestro derecho a elegir a nuestros representantes.
@Edumermo
