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EDUARDO MERAZ
Mientras en la plaza pública, las arengas patrioteras se multiplican como hongos en temporada de lluvias, a nivel de cancha se tejen acuerdos entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, en especial entre las instituciones armadas de ambos países, a fin de -supuestamente- desmantelar a las organizaciones criminales en México.
Aparte de la fuerte presencia de la milicia de Estados Unidos en la frontera y costas de México y la utilización de drones y satélites, los cursos y capacitaciones de militares y marinos mexicanos se han intensificado, de manera paralela y con la misma frecuencia de las declaraciones del presidente Donald Trump de atacar por tierra a los cárteles en toda América Latina.
Es decir, entre los afanes norteamericanos por llevar a cabo una especie de “ocupación, permitida, simulada o impuesta” de territorios al sur del Río Bravo y prácticamente hasta la Antártida y las posturas soberanistas de los mandatarios latinoamericanos, en especial de Venezuela, Colombia y México, hay una especie de fisura o precipicio que podría cambiar la geografía continental.
Por eso resulta altamente ilustrativo el comunicado emitido por la Fiscalía General de la República de México, en el cual se resalta lo expresado por Mark Coolidge Johnson, encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en México, en el cual solicita a la nueva titular de la FGR “mantener la colaboración y coordinación con su país para combatir a los cárteles de la droga”.
En el marco de la LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. ‘el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos de América, Mark Coolidge Johnson, señaló que no solo es necesario perseguir delitos individuales, sino desmantelar organizaciones completas’, indicó la fiscalía.
Para algunos, cobra relevancia la participación del estadounidense en este evento, ya que, según el diario Reforma , “no hay un antecedente reciente de que un diplomático de otro país tome la palabra ante la fiscal general y los titulares de las fiscalías estatales”.
¿Qué significa la soberanía en un mundo donde las fronteras se vigilan desde el espacio y las decisiones se negocian en mesas diplomáticas? La respuesta no es sencilla, y menos si la violencia interna se recrudece.
Y se tiene conocimiento de este intercambio, justo cuando un coche-bomba estalla en un poblado michoacano; hecho calificado por la Fiscalía como un acto de “terrorismo”, concepto en el cual va implícito el reconocimiento al escalamiento de la violencia criminal.
Así los líderes del cuatroteísmo y los presuntos 600 mil “movilizados” al Zócalo de la Ciudad de México, en una escenografía de almanaque y un discurso de confeti, más temprano que tarde deberán definir si echan o no por tierra la soberanía, para liquidar a los autores de la violencia, la inseguridad y la impunidad.
Deberán decidir si la soberanía se mantiene como principio inquebrantable o si se flexibiliza en aras de liquidar a los autores de la violencia, la inseguridad y la impunidad. La pregunta es incómoda: ¿qué vale más, la independencia política o la paz social? ¿Puede existir una sin la otra?
La historia latinoamericana está marcada por intervenciones que comenzaron como apoyo y terminaron como imposición.
La memoria de las ocupaciones, de las doctrinas de seguridad nacional, de las guerras frías y calientes, se activa en cada gesto diplomático. Y el fantasma de la pérdida de soberanía recorre las calles, aunque se disfrace de cooperación.
Por ahora, las arengas continúan, los drones vigilan, los diplomáticos hablan, y los coches-bomba estallan; el país se encuentra en una encrucijada, y cada decisión marcará no solo su presente, sino el futuro de toda una región.
La historia dirá si los discursos de confeti fueron suficientes para sostener la independencia, o si la violencia obligó a echar por tierra la soberanía.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Curioso que el sindicato magisterial se una a trabajadores de limpieza y estudiantes de la Normal Superior para atacar a sus directivos y, en cambio, guarden un vergonzoso silencio ante el “zar de la limpieza” y los propios funcionarios centrales de la Secretaría de Educación Pública, que “por no haber nacido autoridades”, permiten la explotación laboral.
