EDUARDO MERAZ. Si como pide el presidente sin nombre y sin gracia que los diputados y senadores de la oposición no cobren y mejor pidan licencia por no legislar, ante la moratoria que declararon los líderes de los partidos aliados, más de la mitad de su gabinete tendría que renunciar por las funciones que no cumplen.
Para empezar, el propio mandatario sin nombre se encuentra en falta al no cumplir con el juramento realizado en el momento de tomar posesión de la primera magistratura del país de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Su menosprecio al orden jurídico, quedó plasmado a plenitud con su expresión de “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. Su desapego a las normas y al contrato social existentes ha sido, si no la principal característica de su gobierno, sí la más recurrente.
Para cubrir la ilegalidad de muchas de sus acciones, recurre al fácil expediente de los “decretazos”, con los cuales busca darle la vuelta o, de plano, evadir la ley y dejar sin trabajo a los legisladores, a los que si bien les va, los ocupa como oficialía de partes de sus iniciativas, a las que no les pueden quitar ni una coma.
Otros ejemplos de su talante absolutista y autoritario están en sus caprichosas obras emblemáticas, ya que ninguna ha cumplido a cabalidad las normas establecidas para su realización; lo mismo ocurre con el ejercicio del presupuesto, del que dispone con discrecionalidad y con mucha opacidad.
El ejemplo más reciente es la falta de la Manifestación de Impacto Ambiental en la construcción del Tren Maya; lo mismo ocurrió con el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, cuyos costos -en los tres casos- serán superiores en alrededor del 50 por ciento a lo originalmente presupuestado.
El sistema de salud nórdico prometido para estar funcionando a fines de 2020, brilla por su ausencia. Si ni siquiera es capaz de garantizar los medicamentos e insumos para atender a la población -y por eso ha perdido el nombre-, mucho menos de tenerlo listo para dentro de un año, como volvió a comprometerse.
Total, en vez de ponerse exigente porque, con toda seguridad, sus reformas electoral y de incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional -una faceta más de la militarización que quiere imponer en el país- debería instar a la mayoría en el Congreso a acabar con el enorme rezago legislativo acumulado a lo largo de una década.
El cúmulo de iniciativas presentadas por la oposición en cuatro años rechazadas por la mayoría ¿también debe interpretarse como negativa a legislar y por tanto deberían devolver el salario que se le entregó?
A su iniciativa de reforma electoral ya se le dio entrada en la Cámara de Diputados, por lo cual deberá seguir el trámite legislativo ya establecido. En este tema, tanto el Revolucionario Institucional como Acción Nacional también presentaron sus respectivas reformas, por lo que seguramente serán analizadas, dictaminadas y aprobadas o desechadas.
Además, la “moratoria constitucional” formulada por los integrantes de la alianza Va por México, en forma alguna es sinónimo de paro o huelga en las tareas legislativas. En realidad, significa que todas aquellas reformas constitucionales provenientes del ejecutivo -como las ya mencionadas- serán desechadas, como ocurrió con la eléctrica, porque así lo mandató la ciudadanía, al quitarle la mayoría calificada al oficialismo.
Anticipar que se rechazarán tales iniciativas, no significa brazos caídos. Sencillamente es dejarle claro al mandatario sin nombre que no encarna a la ley y mucho menos a la nación.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
“No vamos a dejar, el presidente Biden, el secretario Blinken que esas diferencias (que existen entre México y EU) nos hagan de lado de las oportunidades positivas que tenemos”, sobrevivirán a las políticas del día y a los que están en posiciones de poder ahora, precisó Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en nuestro país.
@Edumermo