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EDUARDO MERAZ. Parafraseando a Renato Leduc, el presidente sin nombre, sin gracia y sin lucidez, se regodea en «la dicha inicua de mentir al pueblo», pues no ofrece datos ciertos. En su mensaje político con motivo de su cuarto informe oficial, se le detectaron más de 173 mentiras comprobadas y falsas.
Y así, en cada mañanera, el engaño es su principal arma para tratar de minimizar el desastre gubernativo que caracteriza a su sexenio, sobre todo en materia de seguridad, salud y economía que debería de llevar a preguntarnos «¿qué clase de gobierno tenemos?».
Sobre todo si tomamos en cuenta sus afirmaciones -como muchas otras cosas- de un futuro mejor en los dos años que le restan a su mandato, cuando los indicadores de organismos nacionales e internacionales pronostican mayores dificultades.
¿Son creíbles las palabras del mandatario sin nombre? Los hechos demuestran su invalidez.
Desde su óptica totalmente Palacio Nacional, los homicidios dolosos han disminuido en poco más del 10 por ciento, pero el número de muertos son el doble de los registrados en los primeros cuatro años de Felipe Calderón y más del 50 por ciento de los ocurridos en el mismo lapso del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Eso a pesar de haberse triplicado el número de elementos encargados de la seguridad pública e interior, al pasar de alrededor de 40 mil integrantes de la policía federal, contra los 115 mil que hoy conforman la Guardia Nacional.
Si como afirma, la estrategia de abrazos no balazos ha sido la adecuada y está dando resultados, ¿es válida su afirmación de que el crimen organizado tiene una fuerza “cuasi militar”? Y con base en este último criterio trata de justificar la incorporación de la GN al ejército.
¿Cuál de esas dos visiones es la verdadera? Si van disminuyendo las muertes violentas, carecería de razones para la militarización de la seguridad pública. Por el contrario, si en los tiempos recientes el crimen organizado ha alcanzado un poder bélico cuasi militar, habla del fracaso casi rotundo de la estrategia seguida hasta la fecha.
De acuerdo con lo expresado a los diputados del oficialismo, en marzo del presente año -al festejar la aprobación de la ley que otorga al Estado la explotación y aprovechamiento del litio-, para el mismo mes de 2023 los mexicanos ya contaremos con un sistema de salud equiparable al de Dinamarca.
El eje de dicho sistema sería el Instituto nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) que, en la práctica deambula como “zombie”, que ni siquiera ha podido garantizar el abasto suficiente y oportuno de medicamentos, lo cual se ha traducido en un “impuesto de salud adicional” para cientos de miles de mexicanos.
Los subejercicios presupuestales en el cuatrienio suman más de 200 mil millones de pesos y que ante la falta de capacidad de los servicios públicos, 10 millones de mexicanos hayan tenido que acudir al sector privado, para no engrosar los más de 600 mil muertos asociados a la pandemia.
A la administración del presidente sin lucidez no sólo se le cayó la economía a niveles inimaginables, sino que empobreció a la gran mayoría de los mexicanos; sus obras insignia implicarán un sobre costo de 20 mil millones de dólares y difícilmente operarán con número negros al término de su mandato.
Consciente de que, en términos de crecimiento económico, será un sexenio perdido y que dejará un país en ruinas al futuro gobierno, se atreve a decir que el bienio faltante será mejor, como manifestación reiterada de la “dicha inicua de mentirle al pueblo”.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Este lunes 5 de septiembre, la Corte habrá de analizar y votar si la prisión preventiva oficiosa es constitucional o no, luego del lamento macuspano porque los ministros nominados por el presidente sin gracia han decidido, conforme a su labor, que la ley sí es la ley y no un cuento.
@Edumermo
