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EDUARDO MERAZ. Sin necesidad de estridencia, el sindicato patronal hace un severo juicio sobre la decisión presidencial de militarizar la seguridad civil del país, no sólo por la pretensión de “quebrantar” la Constitución, sino porque durante los tres años en que la Guardia Nacional se ha encargado de estas tareas ha mostrado una absoluta inoperancia, a pesar de estar controlada por las fuerzas armadas.
En pocas palabras, profundizar en este esquema, apartándose de la legalidad, proveniente del Poder Ejecutivo al asumir “atribuciones que no le corresponden”, obligará a la Suprema Corte a definir si cumple con lo establecido en el Artículo 21 de nuestra Carta Magna: “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hace un llamado al presidente sin nombre, sin gracia y sin lucidez a “seguir el camino correcto” y presente una iniciativa de Reforma Constitucional en la materia y que ésta pase al Poder Legislativo y ahí se discuta.
A su vez, considera fundamental la intervención del Poder Judicial “para frenar cualquier intento” de quebrantar lo plasmado en nuestra Constitución, pues el acuerdo que pretende emitir el inquilino temporal de Palacio Nacional “desmantelará el andamiaje legal” aprobado en 2019 para que el mando de la GN sea civil.
La Coparmex resaltó que hoy en nuestro país vivimos una crisis de violencia que ha dejado en los primeros 43 meses de la actual administración, una cifra de homicidios dolosos que sobrepasa los 130 mil 455 casos”, lo que significa 99 víctimas de homicidio por día, lo que confirma “la ausencia de una verdadera y eficaz estrategia de seguridad”.
Lo sucedido con el llamado “culiacanazo”, donde se capturó y dejó en libertad a Ovidio Guzmán y la no detención en estos días de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, hizo patente la capacidad del crimen organizado para superar la acción de las fuerzas armadas.
Por ello el sindicato patronal no sólo se opone a la militarización de la seguridad pública; también propone alternativas como una estrategia que contemple labores de inteligencia, de desarticulación financiera y de cooperación internacional en coordinación con el Poder Judicial para que se dicten sanciones severas y no exista impunidad.
También consideró “apremiante” fortalecer las capacidades de las policías estatales y municipales, que han sido relegadas por la actual administración y avanzar con seriedad y compromiso en su profesionalización.
De igual manera considera relevante promover la participación de la sociedad a través de coordinaciones de diálogo entre los sectores sociales y las autoridades, con el fin de vincular los esfuerzos de prevención, seguimiento de metas y generar estrategias sensibles a las necesidades de las comunidades.
Sobre todo, porque el crimen organizado no se limita al narcotráfico, pues ha encontrado en delitos del orden común una nueva veta de ingresos, como la extorsión, la trata de personas, el cobro de derecho de piso a actividades productivas, que por no ser fel fuero federal, escapan a la acción militatr.
Además de la Coparmex, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han externado su negativa a la militarización a las cuales el mandatario sin nombre debería de hacer caso, si desea ya no tener que pagar la “cuota de humillación”.
Ciertamente, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación definir la constitucionalidad del acuerdo administrativo o de la iniciativa de modificación a Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El antecedente de la aprobada Ley de la Industria Eléctrica da indicios del rigor jurídico de la Corte frente al Poder Ejecutivo. Un pronunciamiento sobre la validez de un acuerdo o una iniciativa de reforma a la ley en la materia, despejará dudas sobre la salud -si está sana- de la SCJN o adopta el papel de cortesana.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Los incendios intencionales en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua en la presente semana por parte de integrantes de la delincuencia organizada, revelan un cambio de ruta, que puede volverse un camino sin retorno en la violencia, ya sea de parte de los malosos o de las autoridades.
@Edumermo
