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GERARDO FLORES LEDESMA
CUANDO EL 5 de febrero de este año, el presidente López Obrador dio a conocer los lineamientos de las reformas constitucionales que se llevarán a discusión y aprobación en septiembre próximo, como se ha advertido, hubo muchas voces encontradas porque hay temas espinosos que podrían tener un efecto búmeran para el país en lo económico, lo político y lo social.
Se dijo en la exposición de motivos que el propósito de las reformas es defender al pueblo de México de todo el daño que hizo el periodo neoliberal. Sin embargo, podemos apostar que en un sexenio, gobernado por la 4T, no se ha logrado erradicar dicho fenómeno que tanta irritación le causa al presidente.
En su gabinete y en el que viene, la mayoría de sus componentes estudiaron en el exterior, presumen una formación profesional similar a los que gobernaron en el pasado. Muchos provienen de esas filas, por eso siguen la senda de pedir préstamos para financiar los boquetes financieros; mantienen un padrón de contribuyentes cautivo; no han podido reducir la pobreza que se mantiene en niveles de vergüenza, el empleo creado no es de calidad, y la canasta básica arrastra precios inusitados.
Algunos de los planteamientos de reforma a la Constitución o reemplazo de la misma chocan con la lógica y la dirección del mundo globalizado, lo que podría traernos desaguisados u obligarnos a beber tragos amargos en los próximos años.
Nos dice en el texto del 5 de febrero que es necesario defender lo que se ha logrado en beneficio de México, pero la desigualdad y la corrupción son pan de todos los días. Sabemos que 6 años no han bastado ni bastarán otros 6 para revertir esos problemas.
Si bien el tema de la Guardia Nacional que pasará a manos de la Sedena, ya no es un tema a discusión, porque los Ejecutivos saliente y el entrante están de acuerdo en aterrizarlo, hay otros temas que sí tampoco son sujetos de confrontación como el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas y consultarlos cuando se trate de obras que los pueden afectar.
Dudo que alguien se oponga a reafirmar el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión universal; que se otorguen becas a estudiantes de familias pobres, en todos los niveles de escolaridad, o que se garantice la atención médica integral, de manera gratuita, a todos los mexicanos. El problema es cómo financiar todas esas promesas inconclusas.
Nos han dicho los “qué” pero falta que nos aclaren los “cómo”. No se entiende la idea de socializar la vivienda, con sólo lanzar peroratas para que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
Hay que reforzar la certeza jurídica y definir qué debemos entender por respeto a la propiedad privada, antes de hacer cambios que podrían ser perjudiciales para todos.
Nadie está en contra de que se frenen las concesiones para la actividad minera a cielo abierto, pero hay que definir reglas, poque de otro modo hasta los inversionistas chinos ya protestaron y amenazan con impugnar dichas concesiones ante los jueces, antes de que sean votados por el pueblo, como se anuncia en las pretendidas modificaciones.
Las reformas constitucionales tienen sentido, sólo si se refrenda el respeto al derecho ajeno. No se trata de emitir ideas o leyendas como “hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar para uso doméstico”, cuando miles de colonias y poblaciones no conocen el agua entubada y que sale de la llave. Es un despropósito frenar el comercio de vapeadores, cuando el ambulantaje y los negocios informales han duplicado sus filas y no conocen a ninguna autoridad fiscal.
Los cambios a la Carta Magna tienen muchos bemoles que nos causarán desequilibrios, si antes no se miden las consecuencias o “el agua a los camotes”, como decían nuestras abuelas.
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