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>> Alcaldesa de Tijuana * Derecho de piso
GERARDO FLORES LEDESMA. TODOS SABEMOS que es urgente mejorar la seguridad pública y que la mayoría de la población se siente insegura en el lugar donde vive, aunque si hay contadas excepciones.
Lo ocurrido en varias poblaciones de los estados de Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Michoacán y la misma Ciudad de México, donde se han enfrentado fuerzas del orden y grupos de la delincuencia organizada traerá graves consecuencias.
La omisión debería ser un delito, lo mismo que la indiferencia con la que actúan cientos de autoridades frente los criminales y sus actos. Debería ser motivo de encarcelamiento el desdén de alcaldes, gobernadores, jefes policíacos y militares que dejan hacer y ven pasar los asesinatos de civiles, los bloqueos de calles y carreteras, la quema de negocios y vehículos y que permiten el cobro de derecho de piso que ya no pueden negar.
Ahí están las acusaciones de Ismael Rivera, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Restaurantes y Discotecas Bares, quien subraya que el cobro de derecho de piso alcanza los 50 mil pesos a la semana. Los criminales se han adueñado de la CDMX, y los casos más graves ocurren en las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan e Iztacalco.
Las consecuencias van desde la declaración de alertas de viaje para turistas de Estados Unidos y Canadá en contra de 16 estados del país por el riesgo que representan o la pérdida del grado de inversión por parte de las calificadoras hasta la declaratoria para México como un narcoestado.
Hasta hace un par de sexenios, los costos de la inseguridad y/o la compra de accesorios para asegurar en su casa, negocio o bienes sumaba más de 1 billón de pesos. Hoy, esa cifra debe ser del doble, porque el Estado claramente ha fallado en su tarea de brindar protección.
PUNTOS Y LINEAS
LA ALCALDESA de Tijuana, Montserrat Caballero, les pidió a los encargados de los negocios y los Oxxo atacados en varias ciudades del país, pagar el derecho de piso que exigen los delincuentes, para que los ciudadanos tijuanenses no sufran las consecuencias de quienes no lo pagan. La desgobernante de aquella ciudad fronteriza está fulminada de las neuronas motoras, porque la ley señala que su obligación es brinda protección a la población no al crimen organizado… SE IMAGINA usted que los 4.5 millones de negocios que operan en el sector de Comercio, Servicios y Turismo le tuviera que dar dinero a la delincuencia organizada para tener protección. Simple y sencillamente viviríamos en un narcoestado y no se necesitaría a las fuerzas del orden.
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