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GERARDO FLORES LEDESMA
VAYA LÍO que se armó con la decisión unilateral del presidente López Obrador para reducir a 43 desde 52 por hora, a partir del 28 de octubre próximo, las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y así obligar a las aerolíneas comerciales a trasladar sus aterrizajes y despegues en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Este es el objetivo final. Por ello se ha dejado de invertir en el AICM y se ha propiciado la saturación, desde el ámbito gubernamental. Pero el problema es de infraestructura por elevada movilidad en el AICM. No hay espacios suficientes ni servicios para atender a millones de pasajeros cada mes, como tampoco hay espacio para decenas de miles de personas de la tercera edad y mexicanos que quieren un pasaporte y acuden a los módulos del gobierno instalados en el aeropuerto.
Hace un año se redujo de 61 a 52 el número de operaciones aéreas por hora en el AICM. Se cumplió con la ordenanza. López Obrador acusa que no fue así. Las aerolíneas demostraron que disminuyó la cifra de aterrizajes y despegues.
López Obrador quiere que las aerolíneas se trasladen al AIFA, los dueños de ellas se oponen, porque el usuario no quiere viajar hasta esa terminal inaugurada el 21 de marzo de 2022, aunque casi regalen el boleto, debido fundamentalmente a la lejanía desde la gran urbe y la falta de rutas y transportes para llegar hasta allá.
El costo de un taxi del centro de la CDMX al AIFA sale casi tan caro que el de un boleto de avión de una aerolínea de bajo costo, y el tiempo que se emplearía para llegar y regresar es el mismo que tomaría viajar del Estadio Azteca a Acapulco por la autopista del Sol.
Si el gobierno de AMLO quiere que los mexicanos viajes desde y hasta el AIFA debería firmar un decreto para construir una ruta de trenes, un segundo piso, introducir teleféricos o inaugurar una ruta del Metrobús, sin paradas intermedias, hasta algún punto de reunión conveniente para todos.
De otro modo, el presidente y su AIFA seguirán como un bulto de infraestructura costosa e ineficiente.
Mientras tanto, el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, director del AICM, podría usar los 2 mil millones de pesos que presume de presupuesto para mejorar la infraestructura del AICM y revisar todas las medidas de seguridad, incluidas las cámaras de vigilancia que tiene instaladas el crimen organizado en los centros cambiarios de divisas.
El conflicto es más serio de lo que cree y supone el presidente, porque las aerolíneas extranjeras están presionando a sus gobiernos para actuar en contra de la decisión de López. Incluso, la postura oficial de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) que calificó como “unilateral” su ordenanza de AMLO para reducir el límite de operaciones por hora en el AICM caló hondo en el sector aéreo mexicano que está muy demeritado y vulnerado desde que se entregó un negocio de civiles a mandos militares.
De momento podemos echar por la borda la posibilidad de recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, hacer las estimaciones de pérdidas por la reducción de mil vuelos mensuales desde el AICM, esperar más litigios contra México desde EU y Canadá, nuestros “ex socios comerciales”, y meditar sí la destrucción del sector aéreo se la deberemos a otro capricho presidencial, como la destrucción de la selva lacandona, del sistema de salud, de los programas de protección civil o de la seguridad en carreteras, entre otras muchas mermas.
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