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Ciudad de México, 05 de mayo (entresemana.mx). A tres años de su publicación, la Ley de Amnistía en México y su aplicación muestra una enorme opacidad y se ha quedado muy corta para satisfacer las necesidades de justicia de la población, en especial las de los grupos más vulnerables como los indígenas.
Esta ley se ha quedado en una fase más bien simbólica que de facto, a pesar de que es un reconocimiento del estado mexicano a que ha criminalizado injustamente una parte de la población, ya que hay sido muy lenta en su aplicación, presenta una considerable falta de acceso a la información para los defensores de las personas y no tiene transparencia en los criterios que la Comisión de Amnistía aplica para el otorgamiento o no de las amnistías.
En el marco de la presentación del informe INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS INDÍGENAS EN LOS PROCESOS DE AMNISTÍA, expertos advirtieron que la Comisión tarda en promedio un año y cinco meses para otorgar las amnistías cuando éstas han sido aceptadas.
Olimpia Martínez, investigadora de la asociación Elementa DDHH, dijo que si no se despenalizan muchos delitos seguirán entrando personas a la cárcel y el otorgamiento de las amnistías seguirá siendo lento, además de que existe mucha burocracia y lentitud en los procesos jurídicos de la Comisión, así como mucho desconocimiento por parte de los operadores de justicia.
Informó que el 58% de las solicitudes han sido negadas, que en México más de 250 personas han logrado obtener su libertad como resultado de una petición de amnistía y se han solicitado 2,301 peticiones de amnistía desde la publicación de la esta ley.
El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A. C.(CEPIADET) presentó este informe que se desarrolló en el marco de la iniciativa “La justiciabilidad de los derechos indígenas a través de la Ley de Amnistía en Oaxaca, Campeche y Veracruz” con la finalidad de brindar acompañamiento legal a personas indígenas privadas de su libertad, teniendo en cuenta la figura de amnistía como una forma de reparar los derechos violados.
El informe detalla las experiencias, aprendizajes y retos a través del acompañamiento de nueve casos en los procesos de solicitudes de amnistía. Ante este escenario, CEPIADET propone algunas recomendaciones con el propósito de mejorar los procesos de amnistía y la reinserción social comunitaria, integrando una atención en respeto a los derechos humanos y un actuar con pertinencia cultural y lingüística, desde los enfoques intercultural, interseccional, de género y antirracista.
En el evento participaron también Violeta Hernández, directora de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; Carlos Aguilar, investigador de la Universidad Autónoma Metropolita y Gerardo Martínez, coordinador de Litigio Estratégico del CEPIADET, quien detalló los retos y logros de dicho informe.
