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KARINA AGUILAR. Además de la estrategia de abrazos y no balazos que aplica el Gobierno de México, la Cuarta Transformación tiene otra arma para perseguir a presuntos delincuentes y a sus adversarios políticos: la prisión preventiva oficiosa.
Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá el futuro de la prisión preventiva oficiosa aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión y con el voto dividido de las bancadas de oposición, para diversos delitos considerados graves.
Será sin duda, otro reto para el Poder Judicial, que debe demostrar su autonomía del Ejecutivo Federal, cuyo titular, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado por que se mantenga esta medida cautelar que ha permitido tener encarcelados a sus adversarios políticos, sin pruebas.
De acuerdo con el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que se pondrá a consideración del resto de los ministros de la Corte, se busca declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa, por contravenir los principios constitucionales que rigen esta figura, así como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad.
Incluso señala que esta figura se convierte hasta en una triple condena para las personas vulnerables, ya que se sanciona con una pena anticipada de prisión.
Además, los organismos internacionales de Derechos Humanos han señalado que la prisión preventiva es violatoria contra las libertades y por lo tanto no debería de existir.
No obstante, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reconoció que eliminar la prisión preventiva oficiosa es acabar con la estrategia de seguridad, incluso fue a hablar con los ministros de la Corte sobre el tema.
Este Gobierno, ha dado muestra clara que ante la ineptitud de las fiscalías y los ministerios públicos por armar bien las carpetas de investigación, prefieren encarcelar a los presuntos culpables y luego, tras años de no comprobarles delito alguno o bien a través de amparos, los tienen que dejar en libertad, mientras tanto ya perdieron años de su vida en prisión; como la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a quien después de tres años encarcelada no le han podido comprobar los delitos imputados y salió gracias a un amparo.
El argumento del Gobierno es mantener la prisión preventiva oficiosa para delitos graves como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, ejercicio abusivo de funciones de servidores públicos, entre otros; no obstante, se olvida que para estos delitos también existe la prisión preventiva justificada, por lo tanto, no hay necesidad de violar las garantías de los imputados, hasta que se tengan las pruebas del crimen cometido.
Ya veremos si la Corte vuelve a sucumbir ante la presión del Ejecutivo o demuestra su independencia y defiende la Constitución y los Derechos Humanos.
Y en Pregunta Sin Ofensa:
¿Está de acuerdo en que desde el preescolar se ideologice a los menores con los principios que persigue la Cuarta Transformación, tal como se plantea en los planes de estudio?
@aguilarkarina
