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KARINA AGUILAR (24 Horas/ El diario sin límites). La propuesta llegó a la Cámara de Diputados, la aprobaron -sin leer- y la mandaron al Senado, el Senado la modificó y la regresó a los Diputados, éstos aprobaron todo, excepto una norma, por lo que tuvo que regresarse al Senado para su ratificación, pero eso será hasta febrero próximo; así el galimatías legislativo del Plan B en materia electoral, ocasionado por los partidos Verde Ecologista y del Trabajo, quienes se aferraban a mantener su registro de manera artificial.
Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le apuraba la aprobación de su reforma; sin embargo, fueron sus propios aliados los que la entramparon y ocasionaron, con su egoísmo, que el plan del primer mandatario se aplazara.
El Presidente manoteó y a pesar de los acuerdos políticos entre los partidos pequeños, con el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió que se quitara la disposición que establecía que, a través de un convenio de candidatura común, los partidos grandes podrían traspasar votos a los pequeños y con ello lograr mantener su registro, en caso de ser necesario.
Por supuesto que el Verde y el PT, aliados en todo y con todo del presidente López Obrador protestaron, incluso en la negociación amagaron con no dar su voto a todas las disposiciones contenidas en la reforma electoral; pero de nada les sirvió el berrinche porque al final del día tuvieron que solicitar el retiro de la denominada cláusula de vida eterna.
Gracias a los aliados de Morena, se logró dar un respiro a casi dos mil trabajadores del Instituto Nacional Electoral que, de haberse concretado la aprobación de la reforma, serían despedidos en esta Navidad.
Y es que en su afán de “reducir costos”, el Presidente pidió que se eliminara la estructura del INE en las entidades federativas, es decir que los profesionales de carrera electoral, esos que han capacitado por años a los funcionarios de casilla, que se encargan en el territorio de organizar las elecciones, que verifican que los votos se cuenten bien, ya no serán necesarios.
No sólo se pierden empleos, con esta medida también se perderá la confianza en el proceso electoral. De entrar en vigor esta ley, ¿quién garantizará que nuestro voto sea bien contado?
Además, el Presidente y cualquier otro servidor y funcionario público, podrá seguir haciendo propaganda (como lo hace actualmente) en veda electoral, pero de manera legal y ya no habrá sanciones graves a los partidos y candidatos.
La reforma del Ejecutivo abre la puerta a los conflictos locales en materia electoral, a la violencia, al dinero ilegal, a la inequidad en la contienda, a las trampas; por esos y muchos otros temas es una grave regresión para la democracia mexicana.
Y en Pregunta Sin Ofensa:
Podrán las autoridades identificar, detener y castigar a los autores materiales e intelectuales del ataque en contra del periodista Ciro Gómez Leyva. Aunque en esta ocasión, más que pregunta, es exigencia.
@aguilarkarina
