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Ciudad de México, 22 de enero (entresemana.mx). La comandancia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), de los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa de Alvarez, informaron que por acuerdo de asamblea realizada ayer en el poblado de Ayahualtempa, se acordó armar a los niños de las comunidades, debido a la situación de inseguridad que prevalece en la región y exigieron la presentación con vida de cuatro pobladores que desaparecieron desde el viernes pasado.
Los niños serán presentados formalmente a los medios de comunicación nacionales e internacionales, en un desfile que se llevará a cabo el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana.
La CRAC-PF dio a conocer esta mañana un comunicado firmado por el Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl (Ctgn), comisariado de bienes comunales y comisarios municipales, en el que informan que interpusieron la demanda ante la Fiscalía del Estado de Guerrero, “ por la desaparición de cuatro personas: José Teodoro Domingo Ortiz, Cecilia Gaspar Hernández, y sus hijos Roberto, y Audencio Domingo Gaspar, quienes desaparecieron desde el viernes 19 de enero del presente año, en el punto conocido Zacatepec a un kilómetro de la comunidad de Acoitapachtlan, municipio de Chilapa, alrededor de las seis o siete de la mañana”.
En el comunicado aseguraron que “fueron levantados por un comando armado encabezado por Cenobio Romero Hernández; Fermilo, Lorenzo, y Romero Gatica; además de Juan, Godilón, y Víctor Domingo Gatica; así como Nicolás, Efrén, y Nicasio Fermín Morales; Eufrasio Romero Rodríguez, e Ignacio Morales Ramírez”.
Señalan que “los familiares de los desaparecidos, y toda la comunidad, así como el Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, piden la detención inmediata de las personas antes mencionadas; el día de hoy se vuelven a armar a los niños comunitarios por la inseguridad, y exigen rescate de sus familiares y ciudadanos, donde incluye una madre de cuatro hijos la exigencia de aparición con vida”.
Agregan también “ recordamos a los tres niveles de gobierno que la actuación de la policía comunitaria es legal, la ley reconoce su función; como actos de autoridad tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados. Somos autoridades comunitarias trabajamos con los pueblo, con el mandar obedeciendo donde el pueblo mande”.
Aclara también la CRC-PF “la autoridad obedece, exigimos respeto, y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales”.
Y firman el acuerdo los consejeros: Luis Morales Rojas, Margarito Silva Hernández, Antonio Toribio Gaspar. Por el Cign, Constantino Espinoza Prisciliano, de los municipios de Chilapa de Alvarez, y José Joaquín Herrera.
Con información del periódico La Jornada
