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Ciudad de México, 23 de mayo (entresemana.mx). Con la reforma al Poder Judicial el pueblo de México tendrá acceso a la justicia pronta, expedita, pero sobre todo una justicia más ciudadana, con mayor coordinación entre todas las instancias involucradas en el sistema judicial de nuestro país, afirmó la candidata a jueza de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Jesika Alejandra Velázquez Torres.
“Debemos trabajar en coordinación todas las autoridades, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta las autoridades de investigación para combatir la corrupción, redes clientelares, nepotismo, privilegios, impunidad y falta de vocación de servicio que ha mermado la credibilidad ciudadana en el Poder Judicial”, explicó.
Jesika Alejandra Velázquez Torres, es candidata a jueza de Distrito en la capital del país en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa postulada por el Poder Legislativo Federal con el número 14 en la boleta amarilla.
Como persona juzgadora, considera que la tarea de las y los jueces administrativos es esencial para vigilar que las autoridades gubernamentales actúen conforme a derecho y no se vulneren las garantías de la ciudadanía previstos en la Constitución Política mexicana.
“Con ello se combate la impunidad, la arbitrariedad y actos ilegales de las autoridades. Se podría decir que es la justicia más ciudadana y cercana al día a día de la población mexicana, a fin de que exista una relación de apego a los derechos, se fortalece a la confianza ciudadana y abona al desarrollo económico del país”, sostuvo.
Velázquez Torres dijo que el objetivo de la coordinación entre autoridades del Poder Judicial, autoridades de investigación y la sociedad civil, es tener una visión integral y actualizada de la sociedad que nos rodea y, a través de ello, implementar buenas prácticas, garantizar un acceso pronto, expedito, amplio y equitativo a la justicia para todas y todos.
Además, destacó que no solo de fortalecer a la profesionalización y al sistema real de carrera judicial, sino también combatir a las malas prácticas que aún aquejan al Poder Judicial; pero sobre todo, eliminar la lentitud y burocracia con que se resuelven los casos y afectan a la impartición de justicia en nuestro país.
