DULCE MARÍA SAURI RIANCHO. (SemMéxico, Mérida, Yucatán). “Sin 2023 no habrá 2024”. Sentencia categórica que ronda en las negociaciones para construir una coalición electoral opositora al presidente López Obrador y a su movimiento-partido Morena.
Esta frase condensa el significado de un resultado adverso en las elecciones de gobernador/a de Coahuila y el Estado de México, a celebrarse el 4 de junio del año próximo, es decir, en poco más de ocho meses.
Hasta el 2 de septiembre pasado, todo parecía marchar en la dirección correcta, con los naturales escarceos de los partidos que habían demostrado en 2021 y 2022 que, unidos, se puede vencer en las urnas al oficialismo. Ese día el PRI presentó una iniciativa de reforma constitucional para prolongar la presencia de los militares en funciones de seguridad pública, es decir, continuar desempeñándose como policías hasta 2028. Podemos comentar la pertinencia o no de aumentar el plazo y del riesgo de volver indefinido el auxilio que actualmente prestan las fuerzas armadas a la Guardia Nacional y, sobre todo, los escasos por no decir nulos, resultados de la política de “abrazos, no balazos”.
Pero ahora me concentraré en el efecto desestabilizador que causó el incumplimiento del PRI de la “moratoria” de reformas constitucionales en materia electoral y de presencia de los militares en funciones de seguridad.
¿Recuerdan cuando PRI, PAN y PRD, a través de sus presidentes nacionales, la hicieron de conocimiento público? Pues ahora, el PRI retrocedió en la Cámara de Diputados. Su dirigencia nacional —presidente y secretaria general— son simultáneamente diputados. Por tanto, lo que sucede o deja de suceder en la bancada priista cuenta con su anuencia.
¿Por qué ese súbito cambio? Las causas posibles han sido objeto de múltiples comentarios y especulación. No abundaré en ellos, pero sus consecuencias pueden ser descritas con el castizo verbo de “recular”. Por hoy sólo me limitaré a señalar que, una vez aprobada por una mayoría —con los votos de casi toda la bancada del PRI, con honrosas excepciones— pasó al Senado. Con esta votación se regresa al escenario de los primeros tres años de este gobierno, cuando los números de las oposiciones en Diputados no alcanzaban para vetar las reformas a la Constitución, que requería de 167 legisladores, si estuvieran todo/as presentes. Y sólo éramos 164… Ahora, aunque las oposiciones cuentan con 223 diputados, volvimos a la misma situación, gracias a que el PRI cedió 64 votos al bloque oficialista.
Otra vez, la determinación descansará en 11 senadores que pueden impedir que Morena alcance la mayoría de dos tercios. El grupo parlamentario del PRI tiene 13, por lo que, al igual que en la Cámara de Diputados, son el fiel de la balanza legislativa. Y también tienen el poder de lograr prolongar la posibilidad de formar una coalición electoral para 2023. O de “reventarla”.
Compás de espera
Con una prudencia consciente de la responsabilidad política que acompaña las decisiones futuras, las dirigencias nacionales de PAN y PRD dieron un compás de espera a la coalición en tanto se realiza la votación en el Senado de esta reforma tan controvertida. Si, como todo parece indicar, es desechada, habrá materia para reanudar las pláticas. En el poco probable caso de que avance, es decir, que reúna Morena los votos suficientes, entonces ya no habrá futuro coaligado y cada partido irá por su lado.
Este escenario daría un triunfo seguro a Morena que, con una coalición enfrente, podría ser disputado incluso con éxito para las oposiciones.
Estado de México y Coahuila tienen organizaciones partidistas del PRI, del PAN y del PRD que pueden aportar al triunfo de su candidata y candidato (una mujer, un hombre). Ambos gobiernos del PRI han tenido un buen desempeño y gozan del aprecio ciudadano. Una postulación tersa, sin turbulencias internas, ayudaría considerablemente a realizar una campaña de suma, no de polarización y enfrentamiento.
Por parte de Morena, ganar la plaza del Estado de México sería la culminación de su control territorial, después de haberse impuesto en un plazo de 5 años en más de 20 gubernaturas. Un año después, el 2 de junio de 2024, se efectuaría la elección presidencial, junto con las de 9 gubernaturas, congreso federal y estatal, además de ayuntamientos y alcaldías de 30 entidades federativas.
Para las oposiciones, ganar el Estado de México es condición necesaria para poder competir en la federal del año siguiente. La experiencia de 2017 muestra que no sería suficiente para lograr el triunfo en la justa presidencial, pero sí representa la oportunidad de demostrar que Morena no es la fuerza invencible que semeja ser.
Posibilidad
Desde mi perspectiva, lo más importante no es siquiera el triunfo electoral de las oposiciones en el Estado de México y Coahuila. Es la posibilidad que la ciudadanía de esas dos entidades conozca y vote por una opción distinta a la que ofrece el partido del presidente López Obrador.
Para quienes rechazan el retroceso autoritario; para los que se resisten a perder la esperanza de lograr la prosperidad de su familia; para las mujeres que reclaman igualdad y cese de la violencia en su contra; para la juventud que exige oportunidades laborales dignas y un medio ambiente sano; para el cuidado de la niñez y de las personas adultas mayores; para todas y todos los habitantes de Coahuila y Estado de México, una opción distinta significa buen gobierno para los próximos seis años de su vida. No es cosa menor, ¿verdad?
Por todas esas razones, señoras y señores dirigentes opositores, incluyendo a Movimiento Ciudadano: ¡póngase las pinzas de lavar en la nariz! Sé que nuestra dirigencia nacional no exhala precisamente aromas de democracia y confianza, pero quienes militamos en el PRI queremos un rumbo distinto para México.
Podemos discutir las diferencias y acordar los consensos que hagan posible presentar una verdadera opción opositora…en 2023. Porque sólo entonces habrá 2024.
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán