Patricia Mercado propone reformas al Art. 19, sobre prisión preventiva oficiosa, que privilegie medidas cautelares alternas en caso de robo a casa habitación y transporte de carga

>> La reforma al artículo 19 constitucional, que incluyó el robo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, ha generado criminalización de la pobreza, señaló la legisladora

>> Paola Zavala de la organización OCUPA, indicó que la prisión preventiva en caso de robo, no repara el daño y no previene el delito

>> Presentación periódica, retiro de pasaporte, resguardo domiciliario o localizador electrónico, son algunas alternativas de medidas cautelares que proponen

Ciudad de México, 19 de enero (entresemana.mx). Con la finalidad de detener la criminalización de la pobreza, la senadora integrante de la Bancada Naranja, Patricia Mercado, propuso una iniciativa, impulsada por la organización OCUPA, que reforma el artículo 19 constitucional para retirar el robo de casa habitación y el robo al transporte de carga del catálogo de las conductas que ameritan la prisión preventiva oficiosa; a fin de que se privilegien otro tipo de medidas cautelares.

En conferencia de prensa, la legisladora de Movimiento Ciudadano explicó que, según datos del Inegi, ocho de cada 10 personas en reclusión laboraban en empleos de bajos ingresos, por lo que no tienen dinero para pagar un abogado. Ante ello, las personas reciben una defensoría de oficio muy débil, cada defensor público atiende por lo menos 163 casos al año y terminan por declararlos culpables. Además, muchos de ellos tienen dependientes económicos, por lo que al entrar a prisión, aumenta todavía más la pobreza familiar.

“Lo que proponemos es que en lugar de prisión preventiva oficiosa el juez recurra a alguna de las 14 medidas cautelares previstas por la ley, como presentación periódica, retiro de pasaporte, resguardo domiciliario o localizador electrónico, entre otras”, explicó la senadora Mercado.

“La respuesta a la alta incidencia de delitos patrimoniales debe enfocarse en la prevención y en medidas que busquen reparar el daño, sin profundizar los círculos de reproducción de la pobreza”.

La iniciativa tiene cuatro objetivos:

  • No criminalizar la pobreza.
  • Despresurizar las cárceles.
  • Privilegiar medidas cautelares distintas a la prisión.
  • Que sean los jueces quienes determinen excepcionalmente la prisión preventiva justificada.

La senadora Patricia Mercado estuvo acompañada por Paola Zavala, presidenta de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), con quien trabajó conjuntamente esta iniciativa. En su intervención, Paola Zavala dijo que al tener en prisión a personas acusadas de robo se les priva de la posibilidad de trabajar y de tener acceso a los procesos de justicia restaurativa teniendo como consecuencia el empobrecimiento de su familia y la estigmatización.

“Puede sonar muy fuerte decir que no queremos prisión preventiva para las personas que cometen robo en este país y queremos dejar claro por qué: porque no reparan el daño y porque no se previene el delito, pero sobre todo porque hay otras medidas cautelares en la ley que se pueden seguir”, expresó.

“Creemos que la prisión preventiva oficiosa en los casos de robo genera sobrepoblación las cárceles, criminaliza la pobreza, no previene la reincidencia, no prioriza la reparación del daño, y nuestra apuesta es despresurizar las cárceles para que las personas tengan acceso a otro tipo de procesos en los que podamos evitar la reincidencia”.

Abundó que el costo de tener a una persona en prisión es de 60 mil 765 pesos mensuales, mientras que el brazalete tiene un costo de 9 mil 908 pesos, monto que las personas en situación de pobreza no pueden pagar.

Asimismo, en esta conferencia de prensa también participó, Emmanuel, quien al dar testimonio de su paso por la cárcel indicó: “Yo creo que el delito que yo cometí fue menor a lo que tuve que aprender en un penal. Hay compañeros que van por robar comida o juguetes para sus hijos y tienen que pagar de 8 a 10 años en un reclusorio”.

La iniciativa fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y fue turnada a la comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República.

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