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ARTURO ZÁRATE VITE. En algunas ocasiones, por diversos motivos, llegan a darse pleitos entre distintos poderes, medición de fuerza para ver quién tiene la razón. Cada uno defiende argumentos y no están dispuestos a ceder. Los dos dan por hecho que la ley está de su lado.
Son situaciones complejas y delicadas, riesgosas, porque la desobediencia de la ley o del mandato de alguna autoridad pudiera llegar a tener graves consecuencias para la estabilidad económica, social y política de nuestro país.
Hasta ahora, el daño pareciera menor, sin repercusiones alarmistas, aunque no deja de ser preocupante por lo que pudiera suceder el día de mañana, donde cada quien haya lo que se le pegue la gana.
Es un pleito que por fortuna ya se encauzó por la vía del diálogo, el entendimiento y el acuerdo. Las dos partes han coincidido que la medición de fuerzas no los lleva a feliz puerto.
Se trata de la historia protagonizada por la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
¿A quién le importa si un diputado del Partido Movimiento Ciudadano se incorpora o no a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión?
Solo a los interesados, a MC que exigió su derecho a formar parte de ese órgano que trabaja cuando descansan o entran en receso las cámaras de Diputados y de Senadores.
A nadie más le importa.
Los afectados llevaron el caso a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consiguieron que la autoridad judicial reconociera su derecho y ordenara a la Cámara que uno de los diputados de MC se integrara a la Comisión Permanente.
Hasta la fecha no ha sucedido y es muy probable que no ocurra en los dos recesos que todavía le faltan a la actual legislatura.
No se ha concretado porque para los diputados el tribunal se metió en asuntos de la vida interna legislativa que no le corresponden. De poco o nada han servido los resolutivos de magistrados y magistradas que ordenaron incorporar a la Permanente al representante de MC.
Algo similar ocurrió con el proceso legislativo para elegir a la consejera presidenta y tres consejeros electorales del INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enmendó en dos ocasiones la convocatoria aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados.
La primera la tiró y obligó a los diputados a elaborar una nueva. En la segunda les ordenó que solo mujeres participaran en la quinteta para elegir presidente del instituto electoral.
En ambos casos los diputados y diputadas se quejaron de intromisión. A regañadientes tuvieron que hacer lo ordenado por el poder judicial. Para bajarle tensión al tema, magistrados y magistradas aceptaron reunirse con legisladores en el recinto de San Lázaro.
Si bien en este caso pudieron conciliar intereses, queda la incertidumbre sobre el alcance de próximas resoluciones en las que los diputados pudieran optar por no cumplirlas, como ya sucedió en el episodio del representante de Movimiento Ciudadano que no consiguió entrar a la Permanente. Y en el procedimiento para elegir consejeros, el asunto estuvo cerca de reventar, de que la cámara ignorara al tribunal, lo que no hubiera sido bueno para ninguno de ellos ni para el país.
Hoy parecería exagerado pero que no se pierda de vista que a dicho tribunal le toca calificar la elección presidencial en 2024. No vaya a ser el diablo y los perdedores desconozcan el veredicto.
Estamos a tiempo de que los distintos poderes pongan por delante la aplicación de la ley, les guste o no.
zarateaz1
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