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ARTURO ZÁRATE VITE
En el contexto de los resultados de las encuestas, con cifras contundentes para que el pueblo elija a ministros, magistrados y jueces e igual, con esa misma fuerza, para crear un órgano independiente del poder judicial que vigile el desempeño de los juzgadores, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene programado para el miércoles 26 de junio resolver el recurso de revisión 246/2023.
Un caso de transcendencia nacional que de manera inusual ha llevado al senador Emilio Álvarez Icaza a plantear en dos ocasiones el tema en el salón plenario del Senado.
Álvarez Icaza es secretario de la Comisión de Derechos Humanos y es evidente que jamás actuaría con ese énfasis si no tuviera la plena convicción de que se ha cometido una grave injusticia, por eso no ha dudado en alertar a ministros y ministras de dicha sala del riesgo de caer en la revictimización.
Con la experiencia de haber sido Ombudsman en la Ciudad de México y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que investigó antes de fijar posición y defender al periodista que ha logrado dos resoluciones de inocencia de distintas autoridades.
Sabe que indebidamente se reabrió el proceso penal y se revirtió en contra del periodista, al que ve como víctima. Por eso su llamado a integrantes de la Primera Sala para que no lo vayan a revictimizar.
Es un caso que lleva ya más de once años. Ha llegado a la Corte porque en el camino encontró juzgadores que se apartaron de la imparcialidad y la ética. No hubo quien los frenara, sancionara y corrigiera sus fallas. Lo que se llama Consejo de la Judicatura Federal, que se supone tiene esa misión, ha sido insuficiente, por su papel de juez y parte.
La Primera Sala de la Corte está a tiempo de hacer justicia, atajar la revictimización y reconocer la inocencia del periodista.
Sería excesivo, por este solo caso, generalizar y decir que todo está echado a perder en el poder judicial.
Hay juzgadores valiosos, intachables y honestos.
Las encuestas elaboradas por De las Heras, Enkoll y la Comisión de Encuestas de Morena no vieron un poder podrido.
A la pregunta si todos los ministros, magistrados y jueces son corruptos, 20%, 17% y 17% fueron los porcentajes de las respuestas.
En una segunda pregunta, si la mayoría son corruptos, las cifras aumentaron a 38%, 44% y 40%.
Un año atrás, en 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía detectó que la percepción de corrupción en el poder judicial era de 83.1%
Es innegable que existe corrupción, los juzgadores son de carne y hueso, pueden equivocarse e incurrir en irregularidades que deterioren la salud y el patrimonio de familias.
Por eso, es de considerarse la creación de un órgano independiente del poder judicial, como se ha propuesto, para vigilar y sancionar el trabajo de juzgadores, desde jueces hasta ministros.
Lo que ahora se hace para supervisarlos, no funciona.
Con altos porcentajes en las encuestas de Morena y de las dos empresas privadas, el pueblo también estuvo de acuerdo en la necesidad de la reforma judicial y en el voto ciudadano para elegir a ministros, magistrados y jueces.
Ahora viene el parlamento abierto.
Enhorabuena que los juzgadores hayan decidido levantar la mano para participar, debatir e intercambiar opiniones en los foros organizados por el poder legislativo.
Hay consenso en que la institución debe perfeccionarse.
Así lo quiere el pueblo.
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