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ARTURO ZÁRATE VITE. Por lo visto el Instituto Nacional Electoral (INE) no está cruzado de brazos ante cualquier acción que afecte o pueda afectar su estructura en nuestro país.
Mientras diputados y partidos definen posiciones sobre la reforma electoral constitucional que planea acabar con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) en los 32 estados, el INE los blinda con la finalidad de que no los compriman o les quiten áreas sustantivas en la organización de elecciones.
Al amparo de lo que establece la Constitución, leyes electorales y jurisprudencia en la materia, consejeros del INE han definido lo que sería la “estructura ocupacional mínima” para la coordinación del instituto con los OPLES y la designación de funcionarios.
Criterios y procedimientos que mantendrían intocables el andamiaje de los organismos públicos locales en organización electoral, educación cívica y/o capacitación electoral, jurídico y/o contencioso electoral, administración, informática, prerrogativas y partidos políticos e igualdad de género y no discriminación.
El INE ha tomado previsiones después de ver que, a dichos organismos locales, en algunos estados, no solo se les reduce el presupuesto sino también hay medidas unilaterales de autoridades ejecutivas y legislativas con el propósito de eliminar diferentes áreas o tareas.
Según su acuerdo, que aparece en el orden del día de la sesión programada para esta semana, a consideración y voto de los propios consejeros, contiene “modificaciones al reglamento de elecciones del INE en materia de estructura de los organismos públicos locales”.
Por mandato constitucional, ejerce las facultades para expedir lineamientos y criterios sobre el funcionamiento de los OPLES, el nombramiento de sus consejeros y principales directivos.
De esa manera, evitaría supuestos resquicios jurídicos por los que han intentado colarse medidas en detrimento de su operación u organigrama, como sucedió en el caso del OPLE de Veracruz, donde hubo necesidad de que interviniera la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar a salvo la autonomía de la institución electoral.
El propósito de los consejeros es que no quede duda de cuáles son las áreas claves para garantizar el éxito en la organización de los procesos electorales, por lo que ha definido cada una de ellas, a fin de que sean del dominio de los OPLES y del conocimiento de las autoridades estatales.
Han aprovechado su acuerdo para hacer observaciones a los mismos OPLES, para que se ajusten a los lineamientos. Les han dado de plazo hasta el mes de agosto del 2023, justo antes de que en la primera semana de septiembre arranque el año electoral 2023-2024.
Detectaron que los OPLES de Aguascalientes, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y Sinaloa no cuentan con áreas específicas para atención de actividades de igualdad de género y no discriminación, en contraste con lo que ya hacen las otras entidades.
En base a las atribuciones exclusivas que le otorga el texto constitucional, el INE se asume como rector del sistema nacional electoral, obligado a definir las disposiciones reglamentarias que garanticen el adecuado funcionamiento y la coordinación con los OPLES.
Contrario a la corriente que plantea terminar con estos organismos, con la Constitución en la mano se adelanta y da pasos para blindar su estructura.
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