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ARTURO ZÁRATE VITE
El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca creyó que era la causa de la reforma judicial.
Incluso lo planteó como una venganza del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin ningún rubor y seguro de sus palabras lo expuso en estos términos en el recinto legislativo de San Lázaro, el día que se inauguraron los diálogos nacionales.
¿Y qué había hecho González Alcántara Carrancá para que el gobierno de la 4T quisiera vengarse?
A lo mejor le remordía la conciencia, quizás porque no estaba convencido de que hubiera hecho lo correcto.
El ministro puso freno a la reforma legislativa de 2022 impulsada por Morena y sus aliados que ponía a la Guardia Nacional bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional. Elaboró un proyecto que echó por tierra esta medida con el argumento de que la Constitución le daba un carácter civil a la guardia, no militar.
A pesar de lo aprobado por la Suprema Corte de Justicia, en los hechos, en la práctica la guardia siguió con administración militar y elementos formados en la disciplina del Ejército.
Alcántara Carrancá, por lo expresado en los diálogos nacionales, se sentía culpable de haberse cruzado en el camino de dicha acción gubernamental y por eso veía como venganza la reforma judicial.
No tuvo que ir muy lejos por la respuesta y aclaración, Gerardo Fernández Noroña, quien entonces se desempeñaba como diputado federal, precisó que la reforma judicial era y es un mandato popular.
El ministro se quedó callado ante la explicación y afirmación del legislador.
La actuación de Juan Luis González Alcántara Carranca ha pecado de soberbia, caracterizada por el viejo estilo de juzgadores que se sienten puros, perfectos, semidioses, inalcanzables, intocables.
Cuando vio que la reforma judicial avanzaba, sobre todo después del resultado de la elección del 2 de junio pasado, empezó a exigir su derecho de audiencia. Los diputados se los respetaron, en contraste con la conducta del propio ministro que no tiene tiempo para escuchar a quienes están involucrados en casos que le toca resolver.
El colmo de su desempeño es que en la reciente revisión que hizo del recurso 246/2023 validó el criterio de “cosa juzgada” emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado con respecto a la tortura que sufrió el periodista e ignoró las resoluciones de inocencia “irrevocables”, que habían “causado ejecutoria” a favor del mismo comunicador.
Le valió que se juzgara al periodista dos veces por el mismo delito.
A pesar de su rechazo, la reforma judicial ya es una realidad, entró en vigor una vez aprobada por el legislativo y promulgada por el Ejecutivo.
El ministro Alcántara Carrancá sigue en el ojo del huracán porque deberá elaborar el proyecto sobre si los juzgadores, jueces y magistrados, tienen derecho a impugnar la reforma judicial.
Además, por las opiniones públicas que ha emitido, cae en conflicto de interés, toda vez que es sabido que está en contra de la reforma, por lo que sería difícil que resuelva con imparcialidad.
Con la nueva reforma, lo que haga o deje de hacer el ministro, podría acarrearle consecuencias más adelante, una vez creado el tribunal disciplinario. De existir alguna queja, sería evaluado su desempeño y hasta sancionado, si fuera el caso.
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