Entresemana Información entresemana que forma opinión
>> Ataques al Palacio Nacional son acciones que no justifican la inconformidad
>> Incendio, ariete, cohetones y petardos utilizan los estudiantes de Ayotzinapa
>> La tibieza gubernamental no siempre resulta la mejor estrategia
MARIO DÍAZ
H. Matamoros, Tamaulipas. Si bien es cierto que manifestaciones, marchas, plantones o bloqueos a calles y arterias son acciones ciudadanas derivadas de distintas inconformidades, también es cierto que debieran realizarse en un marco pacífico y no con violencia.
En un país en donde se practique la democracia, como en México, la libertad de expresarse es un derecho ciudadano siempre y cuando no se trasgreda la ley ni se afecte a terceros al degenerar en actos vandálicos y agresiones.
La situación se agrava cuando con el argumento del derecho de la libre manifestación los ciudadanos inconformes vandalizan monumentos y sitios históricos e, incluso, oficinas gubernamentales.
El reciente ataque con cohetones al Palacio Nacional por parte de un grupúsculo de normalistas de Ayotzinapa es un ejemplo claro de lo antes expuesto que, por supuesto, requiere de atención y solución inmediata ante lo que representa ese tipo de acción a la sede del poder Ejecutivo federal.
Un saldo de 26 policías pertenecientes a los agrupamientos Fuerza de Tarea y Ateneas fue el saldo del ataque normalista que se centró en la puerta Mariana del Palacio Nacional, en hechos sucedidos el pasado 13 de mayo.
La movilización violenta del reducido grupo de manifestantes obedeció a la liberación de ocho militares que se encontraban privados de su libertad en el Campo Militar 1-A por su presunta relación con la desaparición de los 43 normalistas.
Los normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos se reunieron en la explanada del Zócalo capitalino y exigían una audiencia con el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para denunciar su inconformidad por la excarcelación de los ocho militares, quienes ahora llevarán el proceso en libertad.
Cabe señalar que es la tercera ocasión en que grupos de manifestantes vandalizan el Palacio Nacional y la histórica puerta Mariana, el acceso principal a la residencia oficial del mandatario mexicano.
El 9 de noviembre de 2014, una turba prendió fuego a la puerta Mariana ocasionando daños de consideración a ese portón central histórico y emblemático en la ciudad de México.
El pasado 6 de marzo, otro grupo de manifestantes robaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la utilizaron como ariete en un intento de derribar una puerta lateral del Palacio Nacional.
En el tercer ataque ocurrido el 13 de mayo, las vallas metálicas que blindan la sede el poder Ejecutivo federal evitaron daños mayores al edificio histórico, pero no impidieron que el estallido de los cohetones y petardos lesionara a 26 agentes policiales que resguardaban ese sitio gubernamental.
Ante tal situación que coloca en grave predicamento a México y los mexicanos ante la opinión pública mundial, es necesario que el gobierno de la Cuarta Transformación ejerza el deber constitucional de salvaguardar el orden público.
A pesar de la gravedad que representa la desaparición y seguro asesinato de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por parte del crimen organizado, por ningún motivo se justifican acciones de ataque al Palacio Nacional ni vandalismo en edificios históricos y centros comerciales.
Las marchas y concentraciones masivas en el zócalo capitalino de manera pacífica son un derecho ciudadano; sin embargo, los actos vandálicos y ataques al Palacio Nacional deben castigarse con todo el rigor de la ley.
Dejar hacer, dejar pasar como una estrategia estadista orientada a crear un falso clima de libertad no es la mejor acción de un gobernante al anteponer el interés general para satisfacer a un reducido grupo ciudadano que exige atención mediante el uso de la violencia.
Un ejemplo que demuestra que la tibieza gubernamental no es la mejor estrategia lo represente el programa de la 4T “abrazos, no balazos”, a juzgar por el avance del crimen organizado en los últimos cinco años.
Sin que necesariamente sea así, una conjetura es que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR pretende pasar a la historia como un Presidente pacifista, merecedor del Premio Nobel de la Paz.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Resulta inconcebible que, a diez años de los trágicos hechos, el gobierno mexicano no haya esclarecido la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa. También, que a una década de distancia las acciones de inconformidad se tornen más violentas al grado de atacar el propio Palacio Nacional.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
