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>> Cártel de Los Viagras extorsiona a Teléfonos de México
>> Imparable el crimen organizado ante la incapacidad del gobierno federal
>> Cortan cables y derriban antenas para suspender telefonía e internet
MARIO DÍAZ
H. Matamoros, Tamaulipas. La extorsión del crimen organizado a la empresa Teléfonos de México en estado de Michoacán, es una evidencia más del avance delictivo en los sectores productivos y empresariales a lo largo y ancho del territorio nacional.
En efecto, miembros del Cártel de Los Viagras que opera impunemente en esa entidad federativa cortaron las líneas de comunicación e impidieron su reparación como medida de presión a Tel Mex ante la negativa de “pagar cuota” por prestar el servicio de telefonía e internet.
Los hechos que demuestran una vez más lo endeble de la política en materia de seguridad pública del gobierno de la Cuarta Transformación, sucedieron el pasado fin de semana en la comunidad San Juan de los Plátanos, municipio de Apatzingán, Michoacán.
Ante la acción de sujetos armados que derribaron las antenas transmisoras y cortaron el cableado, los municipios de Coalcomán, Tepalcatepec, Buenavista y parte de Apatzingán, motivó la suspensión de ese importante y necesario servicio de comunicación.
La corrupción de los distintos cuerpos de seguridad que brindan protección a los grupos delictivos, lo que a su vez franquea el paso a la impunidad, es la causa principal del avance de la delincuencia organizada en actividades que prácticamente están colapsando a la sociedad mexicana en lo económico, comercial, empresarial y social.
A pesar de que las autoridades federales en materia de seguridad pública tienen plenamente identificado al grupo delictivo y a su líder, nada han hecho para frenar las extorsiones en cualquier actividad económica, incluyendo, por supuesto, a la ex paraestatal Teléfonos de México.
La información que obra en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional indica que El Cártel de Los Viagras es el grupo responsable de las extorsiones en esa región sur de Michoacán, encabezado por CÉSAR SEPÚLVEDA ARELLANO alias “El Botox”.
Sin embargo, hasta el momento, el gobierno Federal no ha atendido el justo reclamo de los habitantes de esas comunidades michoacanas, quienes, además de la detención de “El Botox”, exigen acciones prioritarias para impedir que Los Viagras continúen afectando a los sectores productivos, económicos, empresariales y sociales.
El intento de extorsión a la empresa de telecomunicaciones Teléfonos de México es un ejemplo claro de la gravedad de la situación que impera no tan solo en Michoacán sino en la mayor parte de las entidades federativas.
Recientemente, integrantes de La Familia Michoacana pretendieron extorsionar a los productores de avena y habas en el municipio de Texcaltitlán, estado de México, pero fueron enfrentados y asesinados la mayoría del grupo en una acción de violencia y desesperación por parte de los afectados.
Quienes se dedican a la producción de limón y aguacate en los estados del centro del país, también son víctimas del crimen organizado al obligarlos a pagar por la cosecha y comercialización, bajo el amago de perjudicarlos en sus patrimonios y en sus familias.
Desafortunadamente, los cárteles de la droga que operan en la república mexicana han diversificado su actividad delictiva, encontrando en la extorsión una millonaria fuente de ingresos.
Comunidades rurales y municipios de baja densidad poblacional alejados de las capitales estatales son los más asediados por los grupos delictivos que operan en los respectivos territorios, ante la escasa o nula protección policial.
En Texcaltitlán, estado de México, por ejemplo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal solo cuenta con seis camionetas, tres vehículos sedan, tres cuatrimotos y una motocicleta para patrullar una comunidad de 18 mil 452 habitantes.
En ese municipio del sur mexiquense La Familia Michoacana tiene operando siete años y su rango de acción incluye Coatepec Harinas, Almoloya de Alquisiras, Sultepec y San Simón de Guerrero, entre otras comunidades de esa entidad federativa.
Por obvias razones, la capacidad de la autoridad local para brindar seguridad a los pobladores nada tiene que hacer frente al armamento, vehículos, capacidad de movilización y, por supuesto, ante el numeroso grupo de sicarios que superan fácilmente a los guardianes del orden.
En consecuencia, es responsabilidad de los gobiernos estatal y federal apoyar al local en esos menesteres, aunque, desafortunadamente, eso tampoco sucede ante la mala planeación de estrategias que combatan al crimen organizado.
Ni hablar.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Desesperante llamado de auxilio lanzó desde la tribuna del Congreso de Tamaulipas la diputada panista MARINA RAMÍREZ, ante la ola de violencia que se está presentando en el municipio de San Fernando.
Además, con jiribilla política o sin ella, lo cierto es que la legisladora aseguró que tal situación se presenta en toda la entidad federativa.
Y hasta la próxima.
